Ecologistas en Acción ha expresado su descontento con la postura «cínica» de Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa) en el juicio celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla. La Junta de Andalucía está demandando a la empresa y a las sociedades del grupo Boliden AB y Boliden BV, reclamando 89,8 millones de euros por los costes de restauración ambiental tras la catástrofe natural de 1998, cuando se produjo la fractura de la balsa de residuos de metales pesados en la mina de Aznalcóllar, que en ese momento era operada por Apirsa.
En declaraciones recogidas por Europa Press, Isidoro Albarreal, portavoz de Ecologistas en Acción, se refirió al final del juicio el pasado jueves. La demanda de la Junta está relacionada con los gastos sufragados por la Administración andaluza para la recuperación ambiental del área afectada por el vertido masivo de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes en la cuenca del río Guadiamar. Este desastre afectó a más de 4.600 hectáreas, incluyendo zonas cercanas al Parque Natural de Doñana, un área protegida y Patrimonio Mundial.
Por su parte, la defensa de Boliden-Apirsa afirmó que la empresa colaboró «de buena fe» con la Junta y retiró «el 80 por ciento de los lodos» contaminantes. Además, argumentaron que las leyes de la época no les imponían «obligaciones» en materia de restauración medioambiental y que la demanda de la Junta es una «construcción inventiva». Ante esto, Isidoro Albarreal criticó la postura «cínica» de la empresa.
En particular, señaló que el abogado de Boliden-Apirsa hizo una «cínica interpretación» del artículo 81 de la Ley de Minas. Según los abogados de la Junta, dicho artículo establece que los titulares de derechos de actividad minera, en este caso Boliden-Apirsa, tienen la «obligación de responder por los daños derivados de sus trabajos». Mientras tanto, la defensa de la empresa acusó a la Junta de hacer una interpretación parcial del artículo y de tener una interpretación propia y particular de la ley.
Albarreal afirmó que es «absolutamente falso» que el artículo 81 de la Ley de Minas no imponga obligaciones a los titulares de derechos mineros en cuanto a la reparación de daños medioambientales.
También destacó que durante el juicio se constató que el grupo empresarial de Boliden recibió aproximadamente 67 millones de euros de las compañías de seguros por el accidente de la balsa de residuos de metales pesados en la mina, por lo que considera que «parte de ese dinero debe ser devuelto a la Junta».
Por último, el portavoz de Ecologistas en Acción elogió la «contundente argumentación» de los abogados de la Junta de Andalucía, quienes, según él, «demostraron fehacientemente los daños al medio ambiente, la responsabilidad de Boliden y su conglomerado de empresas, y desmantelaron los intentos de disgregar la responsabilidad» por el mencionado desastre.
