Ecologistas en Acción ha avisado este martes de que las inversiones esgrimidas por la multinacional sueca Boliden ante la demanda con la que la Junta de Andalucía le reclama 89,8 millones de euros, por los costes de restauración ambiental derivados de la catástrofe natural de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina de Aznalcóllar, explotada entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa); deberían haber sido acometidas por la empresa «mucho antes» del siniestro, precisamente para evitar una situación de tal índole.
Así lo ha manifestado Isidoro Albarreal, portavoz de Ecologistas en Acción, tras la nueva sesión celebrada por el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla, para resolver la mencionada demanda de la Junta, dirigida contra Boliden-Apirsa y las sociedades del mismo grupo Boliden AB y Boliden BV.
En esta nueva sesión ha cobrado importancia la comparecencia de Robert Gibb, quien como miembro de la consultora económica Ernst & Young se encargó de auditar las cuentas de Boliden-Apirsa entre 1994 y 2002, autor de dos informes emitidos en 2003 y 2005 sobre las «cantidades gastadas» por la entidad como consecuencia del «accidente» de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de dicho recinto minero.
Como consecuencia del siniestro, unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes fueron vertidos en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre más de 4.600 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del parque natural de Doñana, espacio protegido como Patrimonio Mundial.
En este marco, este auditor de cuentas ha constatado que las facturas e informes incluidos en la contabilidad de Boliden-Apirsa reflejan que la entidad afrontó costes por unos «115 millones de euros», por los gastos derivados del siniestro y las pérdidas posteriores, figurando entre estas cuantías 45,8 millones de euros en investigaciones y obras relacionadas con el asunto, en especial 30 millones de euros para el sellado de la balsa; y unos 31,4 millones de euros destinados a las labores de retirada de lodos contaminantes.
Al respecto, Isidoro Albarreal ha alertado de que «muchos de los gastos» que ahora esgrime la representación de Boliden-Apirsa para intentar eludir la demanda de la Junta, como por ejemplo «el sellado de las filtraciones» detectadas en la balsa de residuos de metales pesados de la mina, deberían haber sido acometidas no después del siniestro, sino «mucho antes» de que colapasase la balsa, precisamente para evitar la fractura.
