El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están preparando un informe solicitado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete. Este informe se relaciona con la ejecución de una sentencia que ordena retrotraer una oposición realizada en 2012 para cubrir vacantes en la Policía Local. El juzgado considera que hubo irregularidades que invalidan el proceso de selección y anula los nombramientos de los opositores seleccionados.
El promotor del litigio ha solicitado al juzgado que fuerce la ejecución de la sentencia debido a la inactividad del Ayuntamiento frente a la resolución judicial. La sentencia ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y los recursos de casación presentados no fueron admitidos por el Supremo. Ante esto, Sanz ha informado que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete ha requerido un informe al Ayuntamiento.
Los servicios jurídicos municipales y el secretario general del Ayuntamiento se encargarán de redactar dicho informe, el cual será enviado a la jueza del juzgado mencionado. Posteriormente, se acatará la decisión de la jueza, según ha enfatizado el alcalde.
En la sentencia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete aborda una disputa iniciada por uno de los aspirantes a la oposición de 2012 para cubrir plazas de agente de Policía Local. Se impugnan actos como el listado definitivo de aprobados y la resolución de Alcaldía que nombra a los seleccionados como funcionarios de carrera.
La impugnación se basa en la falta de actas individuales de calificación, la ausencia de actas de notas proporcionadas por cada miembro del tribunal, la carencia de material didáctico utilizado para la realización del caso práctico, la filtración del contenido del examen teórico y la solución propuesta por el tribunal, así como la falta de espacio en la hoja de examen. Estos aspectos son considerados como causas de nulidad.
En relación a este tema, el juzgado destaca la importancia de tener en cuenta la sentencia del Juzgado de lo Penal número diez, que absolvió a las 45 personas juzgadas en 2018 por delitos relacionados con la supuesta filtración de exámenes en las oposiciones de 2012 para la Policía Local. Aunque no hubo condena, la sentencia contiene consideraciones sobre la filtración de la segunda prueba del tercer ejercicio. El Juzgado de lo Contencioso número siete argumenta que estas conclusiones pueden ser valoradas, a pesar de no existir hechos probados vinculantes debido a la falta de una sentencia condenatoria.
