Javier Serrano Aguilar, quien fuera jefe de servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y coordinador de la Oficina de Restauración creada ante la catástrofe natural de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina de Aznalcóllar, explotada entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa); ha asegurado ante el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla que «todas» las actuaciones acometidas y cuyo coste reclama la Junta de Andalucía a la empresa «fueron motivadas por el vertido» y que la socioeconomía de la zona sigue «pagando las consecuencias del vertido».
Serrano Aguilar ha sido la segunda persona en comparecer en el juicio iniciado este martes por dicha instancia judicial, sobre la reclamación de 89,8 millones de euros de la Junta a Boliden, por los gastos de restauración medioambiental afrontados por la Administración pública tras la el desastre medioambiental acontecido en 1998, como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar, explotado entonces por Boliden-Apirsa como ha sido señalado.
Javier Serrano Aguilar, jefe de servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y coordinador de la Oficina Técnica de Restauración hasta 2001, ha manifestado al respecto que las «dimensiones» del vertido fueron tales, que la Administración andaluza hubo de «innovar» a la hora de restaurar la zona afectada, pues no había «una referencia mundial» que tomar como punto de partida o de la que «copiar» medidas.
Hablamos, en ese sentido, de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes vertidos en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre más de 4.400 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del parque natural de Doñana, como ha recordado Serrano Aguilar señalando el «riesgo» afrontado por dicho espacio protegido como Patrimonio Mundial.
Al respecto, mientras según el letrado de Boliden-Apirsa, la demanda de la Junta incluye cantidades «no imputables» a la empresa, en alusión a gastos por labores adicionales de «mejora» para la creación del Corredor Verde del Guadiamar, unos trabajos «innecesarios» a juicio de la entidad; Serrano Aguilar ha descartado que el Corredor Verde fuese un proyecto planeado antes de la catástrofe medioambiental y ha defendido la necesidad de acometer una «descontaminación global» de todo el entorno, pues según ha dicho, 25 años después aún existen zonas afectadas por contaminación y la mina continúa «lixiviando» sustancias contaminantes.
Sí ha admitido que dicha iniciativa de «Corredor Verde» fue pensada «aprovechando el desastre» medioambiental, rememorando que en principio la idea era que alcanzase la categoría de «corredor ecológico», pero las autoridades científicas descartaron conceder dicho marchamo.
En ese sentido, ha insistido en «las dimensiones» de la catástrofe, con impacto no sólo en el medio ambiente, sino en las cosechas de la zona, pues unas 3.000 de las hectáreas afectadas eran de uso agrícola y esta actividad quedó «muy resentida», motivando expropiaciones de terreno que habían perdido su «vocación agrícola» e incluso repercusión en el plano turístico.
Así, ha precisado que aunque el «objetivo inicial era reponer el suelo» a su estado original, los «análisis» técnicos reflejaron que tal extremo era «imposible», dada la situación en la que habían quedado los terrenos de cultivo, siendo necesario un proyecto que «superara» el impacto del vertido.
Javier Serrano Aguilar ha defendido además que las labores de restauración, acometidas por «fases», contaban con la directriz de responder a «base científica», asegurando ante las alegaciones de Boliden que «todas las actuaciones» acometidas en el marco de la restauración estuvieron destinadas a «paliar» los efectos del vertido «a corto o medio plazo». «Todo estuvo motivado por el vertido», ha enfatizado.
Del mismo modo, ha justificado los estudios acometidos en materia de salud por la «alarma social» despertada por este gran vertido contaminante y la falta de conocimiento que entonces pesaba sobre sus posibles impactos en materia de salud pública.
Según ha dicho además, la zona «no tenía condiciones para recuperarse por sí misma», lo que le ha llevado a agregar que incluso a día de hoy hay en marcha proyectos de investigación promovidos por la Administración pública y «relacionados» con este macro vertido contaminante y sus consecuencias, cuyos costes no figuran en la reclamación económica de la Junta a Boliden.
«Las consecuencias del vertido todavía seguimos pagándolas», ha aseverado, señalando los efectos del mismo en la economía del entorno y rememorando que para sufragar todas estas labores, hubo que recurrir a los «fondos propios» de la Administración andaluza, porque no fue posible recurrir a la financiación europea.
A preguntas de la representación de Boliden, que alega que en la reclamación de la Junta pesa el papel de personas «sujetas a la jerarquía» de la Administración andaluza» y por eso sin «objetividad»; Javier Serrano ha reconocido que su cargo era «de libre nombramiento» por parte de la dirección de la Administración andaluza y que tras coordinar la Oficina Técnica de restauración, se incorporó a la entonces Empresa de Gestión Medio Ambiental (Egmasa) de la Junta.
