La Fiscalía de Sevilla ha reclamado a los Juzgados de Sanlúcar la Mayor que impongan una fianza de 574.308 euros al responsable de un «olivar superintensivo» de 360 hectáreas en suelos de dicho municipio y de Huévar del Aljarafe.
El motivo se debe a la instalación de cuatro pozos ilegales mediante los cuales entre 2019 y 2020 habría detraído de manera ilegal casi 2,4 millones de metros cúbicos de agua del sistema Guadiamar, declarado como deficitario y con influencia en el parque de Doñana.
En el escrito de la Fiscalía, adelantado por El País, el Ministerio Público señala que los hechos sucedieron en la finca bautizada como Carrascalejos, cuya superficie se extiende entre Sanlúcar la Mayor y Huévar del Aljarafe, con un total de 404 hectáreas inicialmente dedicadas al cultivo de cereal y herbáceos.
El Ministerio Público detalla que en 2019, el acusado, como representante legal de la empresa que explotaba la finca, «realizó un cambio de uso a olivar de regadío intensivo», sin solicitar siquiera la autorización ambiental unificada obligatoria para este tipo de operaciones.
«El nuevo cultivo de regadío intensivo exigía lógicamente un volumen de agua muy superior al requerido hasta entonces, obstáculo que el querellado superó detrayendo cantidades importantes de agua subterránea del sistema de explotación Guadiamar, declarado como deficitario por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) .
El escrito prosigue exponiendo que en 2020, el servicio de control de la CHG detectó en dicha finca un sistema de riego por goteo con «aguas subterráneas procedentes de cuatro pozos» en este «olivar superintensivo» promovido por el inculpado a costa de un sistema hídrico ya deficitario.
Según la Fiscalía, desde 2019 a la fecha de detección del asunto, el encartado habría detraído ilegalmente casi 2,4 millones de metros cúbicos de agua, afectando de manera «importante» a la masa de agua Campo de Tejada y con ello a «una zona declarada zona protegida de aguas destinadas a la producción de vida piscícola».
La Fiscalía calcula un daño al dominio público hidráulico de 574.308 euros, exponiendo que en las actuaciones, el sistema de fotografía aérea «ha permitido confirmar un riego continuo incluso en meses de sequía absoluta, mediante los pozos ilegalmente construidos, circunstancia verificada por el organismo de cuenca».
Así, la Fiscalía achaca al querellado un presunto delito contra el medio ambiente y otro de daños, reclamando como medida cautelar que se imponga al inculpado una fianza de 574.308 euros.
