El Gobierno supedita la creación de 32 juzgados de lo social que demandó en diciembre de 2022 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), doce de ellos en Andalucía, a que haya presupuesto para ello en este 2023 y a un futuro análisis de la carga de trabajo de los que ya están en funcionamiento.
Así responde el Ejecutivo de Pedro Sánchez al diputado de Ciudadanos que le preguntó por escrito por esa petición de la Comisión Permanente del CGPJ sobre la creación de nuevos juzgados en Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana con el fin de «agilizar la actividad judicial y de reducir los tiempos de respuesta en aquellas provincias en las que se ha detectado que los actos de conciliación y juicio se señalan con una demora superior a un año».
«La creación de estos 32 juzgados de lo social que se solicitan en el citado acuerdo –de la Comisión– queda supeditada a la disponibilidad presupuestaria, a la valoración de la carga de trabajo de los Juzgados de lo Social en funcionamiento, así como a los tiempos de respuesta de los mismos, a las propuestas de creación de las comunidades autónomas para 2023 y a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial para 2023», señala el Gobierno en su respuesta.
Además, el Ejecutivo advierte de que esa petición de creación de nuevos juzgados, lanzada en diciembre, «se debe recoger en la propuesta de creación de nuevas unidades judiciales para la programación correspondiente a 2023».
Y recuerda que esa propuesta será solicitada en su momento por la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, al igual que hará con las peticiones de creación de nuevas unidades judiciales que lancen las 12 comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia.
Asimismo, el Gobierno recuerda que en la programación de la planta judicial de 2022, «ya cerrada y materializada en el Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre», se aprobó la creación de setenta unidades judiciales. Y avisa de que en el mismo se incluye la creación de cinco nuevos juzgados de lo Social.
EL INFORME DEL CGPJ
El diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas señalaba en su pregunta, lanzada en diciembre, que según el informe del CGPJ era «necesaria e imprescindible la constitución de esos 32 nuevos juzgados» y que la distribución territorial aconsejada era la de crear 12 en Andalucía, uno en Cataluña, 15 en Comunidad de Madrid y cuatro en la Comunidad Valenciana.
En concreto, se plasmaba la necesidad de crear tres juzgados en Almería, uno en Cádiz, uno en Jerez de la Frontera (Cádiz), dos juzgados en Málaga, cinco en Sevilla, uno en Barcelona, 15 en Madrid –capital–, dos en Alicante, y dos en Elche.
Desde Ciudadanos se fijan en su pregunta en el caso de la localidad alicantina de Orihuela, y apuntan que el Colegio de Abogados de esta demarcación «ha reclamado en varias ocasiones la implantación de un juzgado de lo Social en dicha ciudad (o en Torrevieja), a fin de facilitar la administración de justicia en el ámbito laboral a los ciudadanos de la comarca de la Vega Baja».
Indican que es necesario por su población, superior a 350.000 habitantes, y porque carece de estos órganos jurisdiccionales, lo que lleva a los interesados a tener que trasladarse hasta Elche o Alicante para asuntos laborales.
