El Tribunal Territorial Militar Segundo, con sede en Sevilla, prevé celebrar entre el martes y el miércoles de esta semana la fase de conclusiones finales del juicio iniciado el pasado mes de febrero, por la muerte por un disparo de fusil de un legionario mallorquín de 21 años durante un ejercicio de la brigada de la Legión con base en Almería, desarrollado en marzo de 2019 en el campo de maniobras de Agost (Alicante), procedimiento que se dirige contra ocho militares, si bien el Ministerio Publico acusa tan solo a dos tenientes, un capitán y un sargento.
En concreto, para el martes está previsto que desde las 10,15 horas comparezcan como testigos siete agentes de la Guardia Civil y, a continuación, previsiblemente ya en la sesión de tarde, la Fiscalía desplegará sus conclusiones, mientras el miércoles harían lo propio el resto de las partes, con la posibilidad de llegar hasta el jueves en el caso de que el miércoles no quedase rematada la exposición de todas las conclusiones.
El juicio comenzó el 14 de febrero, con la comparecencia del sargento de la Brigada de la Legión Saúl Antonio Guil, a quien el Ministerio Público atribuye la autoría del disparo mortal, reclamando para él siete años, cinco meses y 15 días de prisión.
En ese sentido, cabe recordar que todo aconteció en unas maniobras desarrolladas el 25 de marzo de 2019 en el campo de tiro de Agost, donde el pelotón que comandaba el sargento de la Brigada de la Legión Saúl Antonio Guil acometió un ejercicio de asalto a un merlón con cuatro blancos.
Según la Fiscalía, tras culminar el ejercicio programado, el sargento gritó «enemigo al frente, al faldón de la montaña, en claro blanco a las 12, sin que dicha orden estuviese prevista previamente en la programación del ejercicio, ni se hubiese puesto en conocimiento del pelotón», ejecutando ese nuevo objetivo «subiendo el binomio más adelantado a la cresta del merlón, abriendo fuego desde la posición cuerpo a tierra».
En ese contexto, y según la Fiscalía, uno de los disparos efectuados por el sargento «cuando se encontraba en pie, desde el merlón y a una distancia de unos 12,5 metros orientado a la posición» del legionario fallecido, Alejandro Jiménez, impactó sobre el mismo, «quien se encontraba en ese momento situado el primero por el flanco izquierdo en posición de rodilla en tierra, con su fusil orientado al suelo».
El proyectil alcanzó el culatín del fusil de la víctima, «desestabilizándose y sufriendo un volteo, que sin embargo no alteró su dirección, impactando a continuación en su cuerpo», ocasionándole una herida fatal «por orificio de bala en hemitórax derecho».
Al respecto, el citado sargento acusado en el juicio reconocía que como «jefe del pelotón», promovió de «improviso» el «segundo objetivo» una vez culminado el asalto inicial al merlón, precisando eso sí que aunque sí efectuó disparos en la primera maniobra de asalto, en ningún momento hizo «fuego al segundo enemigo» fijado por él mismo.
En ese marco, manifestaba ser consciente de los informes periciales según los cuales el proyectil que alcanzó al legionario fallecido procede del fusil que él usaba y que en el merlón asaltado fueron localizados siete casquillos de proyectiles disparados con dicha arma que él portaba. Esos informes periciales, según su opinión, son «totalmente erróneos».
Según sus palabras, en ningún momento pensó que él pudiese ser el autor del disparo que había alcanzado al efectivo, alegando que «sin ser experto en balística», a su entender el impacto recibido por el soldado fallecido derivaría de «un rebote» de una bala. «Es la única solución balística», señalaba, exponiendo que a esa misma conclusión llegaron el capitán A. Cabello, acusado igualmente en esta causa junto con el teniente R. Gascón y con el otro teniente identificado como P.F.
Al respecto, el teniente R. Gascón, responsable del pelotón que operaba junto al que comandaba el sargento Guil, en el sector derecho del campo de maniobra, corroboró al declarar también como acusado que tras «el accidente», él consideraba que el soldado alcanzado por un disparo había sido víctima del «rebote» de una bala. «Era la opción más probable», aseguraba este oficial también acusado en el juicio, por su supuesta participación en los hechos y también por la presunta «alteración del escenario» del incidente.
Al punto, negaba que escuchase que el capitán Cabello, igualmente inculpado en el caso, hubiese instruido a los efectivos para que, ante los investigadores de la Guardia Civil, manifestasen que sus posiciones de tiro en el momento del incidente estaban «cuatro o cinco metros más abajo» respecto a los verdaderos lugares.
En ese sentido, el teniente aseguraba que los efectivos no podían «saber exactamente en qué posición estaban», manifestando que tras la reconstrucción inicial de los hechos realizada por las unidades, antes de que la Guardia Civil comenzase a actuar y promoviese su propia reconstrucción, los investigadores de dicho cuerpo le «hicieron ver que con eso» se «había afectado» a las pesquisas.
Durante el juicio, además, cinco miembros de la Policía Científica de la Guardia Civil confirmaban los informes de dicho departamento según los cuales el proyectil que mató al soldado fallecido procedía del fusil del sargento inculpado.
Mediante aspectos de trayectoria, distancia o componentes químicos, entre otros elementos, estos miembros de la Policía Científica ratificaban, a todos los efectos, las conclusiones alcanzadas respecto a que el proyectil que alcanzó al efectivo fallecido procedía del fusil que usaba el sargento de la Brigada de la Legión Saúl Antonio Guil, descartando además la posibilidad de que el impacto mortal de bala derivase de un «rebote» de un proyectil.
En su auto de procesamiento, cabe recordar, el juez apuntó que la «multitud de versiones ofrecidas sobre lo sucedido» y la «evidente contradicción entre el resultado de los informes y las declaraciones», lo que, según indicó, le llevó «necesariamente a concluir que pretendieron ocultar lo realmente acontecido, silenciando aspectos determinantes y tergiversando otros, con la única finalidad de dificultar la investigación policial y judicial y el descubrimiento de lo sucedido».
