El Pleno del Parlamento andaluz ha ratificado este miércoles el tercer decreto de sequía aprobado por el Gobierno presidido por Juanma Moreno. El decreto, que cuenta con medidas por valor de 163 millones de euros, ha recibido el apoyo del PP-A y Vox, mientras que el resto de los diputados se han abstenido.
El Decreto-ley 3/2023, de 25 de abril, se centra en paliar los efectos de la sequía en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía y establece medidas urgentes, administrativas y fiscales de apoyo al sector agrario. Entró en vigor el pasado 28 de abril después de ser publicado en un número extraordinario del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
El decreto, elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, consta de 20 artículos, seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y dos finales. El Consejo de Gobierno lo aprobó el 25 de abril y se resaltó que destina 300 millones de euros para abordar el grave problema de escasez de agua en Andalucía.
Según la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, el tercer decreto impulsa la realización de nuevas obras hidráulicas, promoviendo el aprovechamiento de las aguas regeneradas, la ejecución de conducciones para el regadío, la mejora del abastecimiento, la búsqueda de nuevas fuentes hídricas, la reducción de pérdidas de agua y la digitalización de la gestión del agua.
Además, el decreto incluye un paquete de ayudas directas y excepcionales para agricultores, ganaderos y pescadores, que asciende a 43 millones de euros. Estas ayudas abarcan diferentes aspectos, como ayudas directas, ampliación de la línea de abrevaderos, subvenciones para la construcción de infraestructuras de balsas y abrevaderos, y una línea de créditos de financiación de capital circulante dirigida a agricultores y ganaderos.
El decreto también contempla exenciones del canon y tasas para profesionales del campo y el mar, así como la exención del 100% de los cánones de regulación y la tarifa de utilización para regantes cuando su dotación de agua se reduzca en un 50% o más. En el ámbito pesquero, se eximirá a los profesionales del pago de tasas portuarias y se establecerán bonificaciones en los servicios de la administración andaluza.
En cuanto a las infraestructuras hidráulicas, el decreto recoge 25 nuevas obras con un coste total de 120 millones de euros, con el objetivo de hacer frente a la sequía en Andalucía. Estas obras incluyen avances en tratamientos terciarios de depuradoras para obtener aguas regeneradas utilizables en el riego de cultivos.
El Grupo Socialista ha criticado el decreto por considerarlo escaso, insuficiente y elaborado sin diálogo. Por su parte, Vox ha aprovechado el debate para defender su proposición de ley sobre los regadíos en la
