La sesión extraordinaria del pleno del ayuntamiento de Sevilla, ha rechazado la propuesta de la ordenanza para la nueva tasa por los servicios de residuos y suelos contaminados para una economía circular, promovida por la Ley estatal 7/2022 en la materia, que viene de una directiva europea. El pleno rechaza la nueva tasa de residuos
Toda la oposición en bloque ha votado en contra de esta propuesta, es decir, PSOE, Vox y Podemos-IU. Una propuesta que el gobierno local insiste, llega como una obligación de aplicar la aplicación de esta ley estatal del Gobierno central.
El pleno rechaza la nueva tasa de residuos
El Gobierno local ha defendido la propuesta a través del concejal de Hacienda, Juan Bueno, quien ha aclarado que la medida no surge como iniciativa municipal, sino que obedece a la obligada aplicación de la Ley estatal 7/2022 del Gobierno central, fruto a su vez de una directiva de la comunidad europea.
Al respecto, recordemos que en diciembre, el pleno aprobó una moción del PP, ante la que Vox se abstuvo y el PSOE y Podemos-Iu votaron en contra. Una propuesta que reclamaba al Gobierno central la derogación de esta ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Algo que obligaba a los municipios a implantar una tasa específica que cubra todos los costes del servicio de gestión de residuos y reciclaje.
La moción instaba además al Ejecutivo a realizar un estudio pormenorizado para definir el coste por servicio en todos los municipios españoles y a poner en marcha un Plan Nacional de Infraestructuras para el ciclo integral de los residuos. Algo que permitiría reciclar una mayor cantidad de residuos e incrementar la eficacia de este servicio. En ese marco, Bueno ha criticado que se trata de una medida «no consensuada» con los municipios, porque la ley estatal fruto de la directiva europea de 2018 marca «que hay que repercutir el impuesto» por los servicios específicos de residuos, así como el coste total del mismo, para que «en ningún caso sea deficitario».
«Un perjuicio mínimo»
Al respecto, ha defendido que en 2023 y 2024, el Ayuntamiento ha destinado unos 20 millones de euros para sufragar por sí mismo la medida, pero tal extremo ya no es posible en 2025 porque en abril expira el «límite» marcado por la ley para la creación de esta tasa, lo que le ha llevado a esgrimir que el Gobierno local del PP ha postergado «el límite» la repercusión de este asunto sobre la ciudadanía, comercios y empresas, «para un perjuicio mínimo».
Además, ha precisado que los cálculos diseñados por el Ayuntamiento apuntan a un coste de «1,14 euros por persona y mes» y, en el caso de los comercios, se aplica “la misma progresividad» que en la actual tasa convencional de recogida de residuos; para cosechar unos 26 millones de euros anuales con los que dar cumplimiento a la normativa.
La portavoz de Podemos-IU, Susana Hornillo, ha avisado de su lado de que la propuesta de ordenanza para la nueva tasa cuenta con pronunciamientos en contra de la Intervención Municipal, del Tribunal Económico Administrativo del propio y del Consejo Económico y Social de Sevilla, en cuyo dictamen figura que tal y como está configurada la tasa y su correlación con la de recogida de residuos, la propuesta «no cumple» con los objetivos que la citada ley para «la separación en origen de residuos y el principio de quien contamina paga».
El informe del CESS
Según el CESS, el tratamiento proporcional en función del número de personas empadronadas en cada domicilio, «no incentiva de ninguna forma el esfuerzo de reciclar, pues tal y como está configurado, el ciudadano va a pagar el mismo importe con independencia del esfuerzo por separar los residuos en origen que haga»; avisando de que «lo único que se hace es repartir el coste que recoge el informe técnico-económico, pero sin indicar qué criterios se han utilizado para su repercusión entre las diferentes tarifas, ni va encaminada a cumplir con los objetivos de la Ley de Residuos».
Además, el CESS señalaba que sería necesario «analizar los costes reales que deben financiarse con esta tasa y exponer de forma clara cómo se ha repercutido en cada una de las tarifas dicho coste». También incide en la importancia de la «separación de los costes computados en la actual tasa de recogida de basuras vigente».
De esta manera, Susana Hornillo ha alertado de que la medida no se ajusta al principio de que quien más residuos genera o menos recicla «más paga», porque «no es progresiva»; y del riesgo de doble imposición con relación a la actual tasa municipal de recogida de basuras, criticando además que el Gobierno local del PP no haya consensuado la medida con la oposición.
Por Vox, Cristina Peláez ha alertado de que esta medida deriva de «una imposición de la Comisión Europea y de Pedro Sánchez», para «seguir aumentando la carga fiscal de los ciudadanos con el pretexto de la protección ambiental», lamentando que todos los costes «se repercutan a las familias y empresas, como si no pagasen ya suficientes impuestos».
«Doble imposición»
Además, ha alertado de que es «inviable calcular cuánta basura genera» cada hogar o establecimiento, con lo que resulta «imposible» una aplicación justa de la medida. Se trata, a su entender, de «una doble imposición» respecto a la tasa municipal ya existente, criticando lo que a su juicio supone «una macrosubida de tributos».
La socialista Sonia Gaya, de su lado, ha defendido que tanto las administraciones como la ciudadanía tienen la «responsabilidad de cuidar» el medio ambiente, explicando que el PSOE comparte la directiva europea y la ley estatal, pero no el diseño concreto de la tasa pergeñada por el Gobierno local del PP para aplicar tales normativas.
Y es que según Gaya, la tasa diseñada por el Gobierno local del PP «no cumple» con la idea de implantar «un pago por generación» de residuos que «repercuta en la ciudadanía según la cantidad de residuos y el tipo» de los mismos. La tasa propuesta por los populares, según ha alertado, «no cumple en absoluto el objetivo» de las normativas comunitaria y estatal.
Sin “plan de economía circular”
Además, la edil del PSOE ha reprochado al Gobierno local que no haya desplegado la red de infraestructuras asociada a esta tasa ligada al reciclaje de residuos pese al tiempo disponible para ello, así como tampoco el «plan de economía circular» necesario. El Gobierno local del PP, a su juicio, se ha limitado a proponer «algo paralelo a la tasa de basura» que ya rige, con una posible «duplicidad».
El popular Juan Bueno ha negado tal extremo, descartando cualquier posible «doble imposición» porque «no es el mismo hecho imponible» y asegurando que «la confusión la crea la propia ley estatal, no la tasa». En cualquier caso, ha lamentado que la propuesta no haya sido aprobada, porque impide avanzar hacia «una ciudad más limpia», con especial reproche al PSOE porque a su entender apoyar la ley estatal debe implicar un apoyo paralelo a la tasa.
