La portavoz adjunta del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Sonia Gaya, ha reclamado al alcalde, el popular José Luis Sanz, «explicaciones claras» sobre la decisión de designar directamente a un segundo secretario municipal para adjudicarle, entre otras funciones, la de urbanismo, «apartando al actual funcionario, un jurista reconocido», que viene ejerciendo el cargo ininterrumpidamente desde 2008.
Gaya ha señalado que «con las mismas prisas que anunció este nombramiento ha dado marcha atrás, entre otras cuestiones porque no han sido capaces de explicar la necesidad, ni las verdaderas intenciones del alcalde», preguntando «qué se esconde con esta decisión que cuestiona el trabajo de los habilitados nacionales, que están para salvaguardar los intereses del ayuntamiento».
A su juicio, la operación estaría destinada a «allanar el camino para dedicarse a otra cosa, a cambiar el urbanismo como en Tomares o como en Marbella».
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Tomares, Miguel Ángel Melero, ha destacado que «en Tomares conocemos bien cuáles son las formas de José Luis Sanz», después de 16 años gobernando el municipio y «trabajando en esa delgada línea que va entre la legalidad cuestionable y el abuso de poder», pero sobre todo «buscando más sus intereses personales y partidistas que de la ciudadanía».
Melero ha cuestionado la contratación pública y el uso del dinero público en la localidad: «Sanz supo darle un barniz de legalidad, pero desde luego nada ético».
Según los socialistas, José Luis Sanz tiene intención «de nombrar al actual secretario del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), que ya accedió a este cargo por el mismo procedimiento -nombrado por la alcaldesa marbellí- justo antes de las elecciones municipales de mayo de 2023, y después de llevar varios años como cargo de confianza».
Medidas que «vuelven a recordar episodios de corrupción del pasado que sufrió el ayuntamiento», según el portavoz socialista de Marbella, José Bernal, que avisa de que en dicho municipio, los populares «modificaron la normativa interna del Ayuntamiento para que el secretario municipal no se eligiera por concurso sino por libre designación», con el objetivo de «buscar el acomodo para que la gestión se ajuste más a los intereses del PP que a los de los ciudadanos».
