La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha iniciado un expediente sancionador a la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y de la Ría del Guadalquivir, por una «infracción grave» ocurrida la noche del domingo 14 de mayo, y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía.
El colectivo de prácticos decidió no prestar el servicio técnico-náutico desde las 00:00 horas del 15 de mayo, como medida de presión para exigir una subida salarial del 40%. La APS advierte que la posible sanción asciende a tres millones de euros y que el procedimiento incluye una indemnización por los daños y perjuicios «ocasionados y causados» por la paralización de la actividad.
La Autoridad Portuaria ha requerido formalmente a la Corporación de Prácticos la «continuación de la prestación del servicio que está sujeto a obligaciones de servicio público, solicitud que ha sido desoída por el colectivo». Como resultado, varios buques están fondeados a la espera de acceder a los muelles sevillanos y la actividad portuaria se ha visto afectada. La Autoridad Portuaria ha presentado una denuncia ante la Fiscalía, poniendo de manifiesto los efectos y las responsabilidades patrimoniales que el bloqueo de la actividad portuaria pueda estar incurriendo.
La actitud de la Corporación de Prácticos deriva de los requerimientos económicos que hace el colectivo para la continuación de la prestación del servicio, con motivo del lanzamiento del nuevo pliego del servicio de practicaje y la renovación de la licencia. En concreto, el colectivo reclama una subida en las retribuciones de los prácticos del orden del 40%, lo que supone salarios brutos individuales de alrededor de 190.000 euros al año, más un 4% de beneficio industrial adicional. El Puerto señala que dicha corporación se organiza de forma interna con periodos de descanso de quince días al mes.
La APS ha promovido la colaboración para trabajar de forma conjunta con la Corporación de Prácticos, a fin de alcanzar un acuerdo que garantice la competitividad de las empresas portuarias, ya que estas subidas inciden directamente en el coste total de la escala de un buque. Sin embargo, como medida de presión, la corporación de prácticos ha provocado importantes demoras en los buques desde finales de 2022.
