El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido una providencia en la que no accede a la petición del Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla), de suspender por «prejudicialidad penal» las diligencias depositadas en su sala de lo Contencioso Administrativo por el litigio promovido contra diferentes actos administrativos relacionados con el caso de la contaminación sufrida por la barriada Guadalquivir de dicha localidad.
Según han informado fuentes del caso, en dicha providencia, la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA resuelve que no ha lugar a dicha suspensión de las actuaciones por la causa que tramita en paralelo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Coria del Río, que indaga la vertiente penal de este asunto, en el que pesa especialmente la fuga de hidrocarburos detectada en la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. enclavada cerca de las viviendas.
El TSJA, así, indicaría que este litigio, promovido por los vecinos de la barriada Guadalquivir contra diferentes actos y «silencios administrativos» al respecto del Ayuntamiento de la localidad, la Consejería de Salud y la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, sigue «pendiente de fecha para votación y fallo» por parte del tribunal.
El pasado mes de junio, recordémoslo, el colectivo de afectados reclamaba ya a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un «impulso procesal» respecto a este litigio.
DESDE 2022 PENDIENTE DE «VOTACIÓN Y FALLO»
En su escrito al TSJA, el colectivo de afectados exponía que «el 29 de marzo de 2022 fue dictada providencia» por parte de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, dejando «constancia de la recepción de los escritos de conclusiones de todas las partes del proceso, quedando el pleito concluso y los autos pendientes de señalamiento de día para votación y fallo», pues desde entonces habían transcurrido «un año y tres meses sin ninguna resolución del procedimiento judicial».
El colectivo esgrimía así «la extrema urgencia y necesidad» que padecen estos vecinos de Coria, «en forma de gases tóxicos en los hogares», toda una «situación límite que está poniendo en grave riesgo» su «integridad física».
LA VERTIENTE PENAL Y LA TEORÍA DE LOS POZOS NEGROS
El pasado mes de septiembre, el colectivo reclamaba además al Juzgado número tres de Coria que acometiese igualmente un «impulso procesal» a las diligencias promovidas respecto a la vertiente penal del asunto, recordando especialmente que allá en noviembre de 2022, esta misma instancia judicial acordó solicitar un informe pericial, aún pendiente, sobre la «teoría de los pozos negros como posible foco» de la contaminación junto con la gasolinera, así como sobre la ubicación y estado de tales pozos.
Dado el caso, visto el tiempo transcurrido desde noviembre de 2022 y «la paralización del procedimiento» judicial, según el colectivo, el mismo reclamaba ya al juzgado un «impulso procesal» a las diligencias con aspectos como la práctica de las citadas actuaciones del informe pericial sobre la hipótesis de los pozos negros.
