El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha calificado como «grupo criminal» a la organización desmantelada en 2022 por el robo de grandes cantidades de cable de cobre en Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha.
La operación resultó en 23 detenidos, de los cuales 13 fueron encarcelados. El tribunal ha declarado que la competencia para investigar el caso corresponde al Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla. En un auto emitido el 3 de marzo por el TSJA, se afirma que esta «organización criminal asentada en Sevilla y poblaciones cercanas» fue desmantelada en una operación que incluyó 15 registros en Sevilla y localidades cercanas. El auto señala que se reforzaron los indicios de existencia del grupo y su organización, incluyendo a las personas responsables de los efectos sustraídos, de su compra y posterior reventa en el mercado.
Según el TSJA, los indicios de existencia del grupo criminal son sólidos y cuentan con una importante fuerza fáctica, que permiten considerar su inicial consideración no solo como policial, sino también como judicial. Además, se ha identificado un grupo numeroso de personas asentadas en Sevilla capital y poblaciones cercanas, dedicados a perpetrar robos de cables de cobre y venderlos a otros subgrupos.
Los investigadores atribuyeron a esta organización un total de 103 delitos de robo cometidos por valor de 1,3 millones de euros, la mitad de este dinero en concepto de daños provocados en los robos.
Para la Guardia Civil, esta organización estaba «perfectamente estructurada y jerarquizada e integrada por distintos clanes o familias provenientes de países del Este», que se dedicaban a cometer los robos mientras otro grupo regentaba desguaces o chatarrerías, donde compraban los efectos sustraídos, consiguiendo de esta manera «suculentos beneficios de los ilícitos».
Tras los robos, los miembros de la organización encargados de la receptación del material sustraído compraban el cobre y lo introducían en el mercado legal a través de una empresa de recuperación de metales y residuos ubicada en la localidad de Guillena. Este grupo revendía el cobre robado a más del doble del precio que lo compraban, obteniendo «grandes beneficios» por ello, según la Guardia Civil.
