Facua Andalucía ha presentado una solicitud a la Consejería de Salud y Consumo y a la de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para que, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), brinden información «útil» a los consumidores relacionada con la red que comercializaba «falsos jamones de pata negra y productos ibéricos» almacenados en la provincia de Sevilla sin los debidos controles y registros sanitarios.
En un comunicado, la asociación ha informado que ha instado a las autoridades autonómicas a proporcionar detalles sobre la marca o marcas involucradas en esta trama, proveedores, números de lote si los hubiera, establecimientos donde se vendieron, y cualquier otra información relevante que permita a los consumidores identificar si han adquirido alguno de estos productos «supuestamente ibéricos» interceptados por la Guardia Civil en un almacén.
Facua Andalucía ha denunciado que en una nave, los responsables falsificaban certificados y documentación para vender en el mercado, a precios altos, productos derivados del cerdo «supuestamente de una calidad superior o pata negra», lo cual resultó ser un engaño destinado a obtener mayores beneficios económicos.
Además, la organización ha alertado que el entramado ha puesto en riesgo la salud pública, ya que los alimentos intervenidos en este almacén de la provincia de Sevilla se encontraban en condiciones «deplorables», con presencia de gusanos y cubiertos de moho.
Según Facua, los productos carecían de registro de entrada y salida, así como de control en la trazabilidad, y las etiquetas de los lotes de 2019 habían sido alteradas con la fecha de consumo preferente cambiada a 2030 para dar la apariencia de frescura y venderlos en el mercado.
La organización también ha detallado que el entramado operaba mediante un esquema en el cual cometían el fraude con los productos alimenticios en una nave, tras lo cual se mudaban a otro lugar antes de que se produjera una inspección de sanidad, repitiendo este procedimiento de forma continua.
El empresario involucrado en estas prácticas se enfrenta a posibles delitos contra la propiedad industrial, estafa, contra la salud pública y falsedad documental. Facua indica que la red tiene conexiones en provincias como Cáceres, Valencia, Salamanca y Madrid, y que algunas empresas podrían haber sido víctimas del fraude o estar siendo investigadas como cómplices.
