Las consecuencias extremas derivadas de las olas de calor agudizadas por el cambio climático y una respuesta inadecuada por parte del Gobierno español provoca consecuencias severas y gran sufrimiento a las personas con discapacidad, según denuncia Human Rights Watch en base a un estudio de respuesta al calor extremo durante 2022 en Andalucía.
Gran parte de la población mundial está afectada por el riesgo de sufrir estrés por calor e incluso muerte como consecuencia del incremento de las temperaturas a nivel global, y las personas con discapacidad son, con frecuencia, de las más afectadas en una emergencia, incluidas las olas de calor, porque son menos capaces de acceder al apoyo. Algunos de estos impactos desproporcionados son resultado de una serie de factores como la falta de inclusión, de planificación de emergencia y adaptación, una comunicación inadecuada, problemas de accesibilidad, aislamiento y marginación económica.
El investigador en derechos de personas con discapacidad en HWR, Jonas Bull, ha asegurado que las personas con discapacidad tienen mayor riesgo de sufrir la exposición al calor extremo incluido el riesgo de muerte, y de sufrimiento físico, social, y de salud mental, especialmente cuando se exponen a temperaturas peligrosas.
Así, recomienda a las autoridades de Andalucía que tengan en cuenta las proyecciones climáticas sobre olas de calor, aprenda de las carencias de gestión de 2022 e incluya a las personas con discapacidad en el desarrollo de un plan de respuesta ante cambio climático y olas de calor.
El estudio de la ONG refleja que entre junio y agosto de 2022 muchos países europeos incluido España, experimentaron varios récord de calor pero no hay datos sobre cuantas personas con discapacidad murieron a consecuencia de las temperaturas extremas.
Según el Instituto de Salud Carlos III, la mortalidad de personas con discapacidad no está desagregada, sin embargo, estima que más del 98 por ciento de las 4.600 muertes relacionadas con el calor en España en ese periodo fueron de personas de 65 años y mayores. Esto podría incluir a numerosas personas con discapacidad dado que más de la mitad de ellas en España tiene esa edad.
La ONG entrevistó a 33 personas con discapacidad de Sevilla, Córdoba y zonas cercanas, más propensas a las olas de calor y que han experimentado el efecto isla de calor urbana. La mayoría de entrevistados señaló que las olas de calor de 2022 tuvo un serio impacto negativo en su salud física. En concreto, describieron confusión cerebral, dificultades de respiración, baja presión arterial, mareos, debilidad, privación de sueño, retención de líquidos, infecciones y pérdida de consciencia.
Asimismo, la mayoría dijo que las olas de calor afectaron también a su salud mental, ya que se amplificó su soledad y aislamiento social, cuando estuvieron en casa durante largos periodos de tiempo.
De hecho, varios estudios concluyeron que el colectivo sufrió tasas más altas de soledad y aislamiento social que las personas sin discapacidad y que ese aislamiento social se asocia con más consecuencias de las olas de calor, como un aumento de la mortalidad.
El trabajo de la ONG destaca que el Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2022 no reconoce explícitamente a las personas con discapacidad como colectivo más susceptible a los efectos negativos del calor extremo ni define actuaciones específicas salvo para aquellas que viven en instituciones. Tampoco participaron en el desarrollo del plan de acción para las olas de calor en la comunidad autónoma.
Para HRW «consultar con las personas con discapacidad habría ayudado a garantizar que sus derechos se cumplan durante una ola de calor y a reducir su sufrimiento evitable».
En la misma línea, el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud de España para 2022 menciona la discapacidad como un «factor de riesgo», no formula acciones específicas requeridas para abordar esos riesgos.
Los entrevistados confesaron sentirse «abandonados» por el Gobierno, no obstante, las autoridades de Andalucía han afirmado que se contactó con 12.000 personas por teléfono y se realizaron algunas visitas domiciliarias para garantizar la seguridad y protección de las personas en mayor riesgo, incluidas las personas mayores y las personas con problemas de salud mental.
Sin embargo, ninguno de los entrevistados dijo que alguna administración se hubiera puesto en contacto con ellos para saber cómo estaban afrontando la situación, por lo que afirmaron sentirse excluidos porque la información general sobre olas de calor y calor extremo en Internet y en los medios de comunicación no abordaba sus derechos y necesidades específicos. La Consejería de Salud de Andalucía dijo a Human Rights Watch que no tiene datos de cuántas de las 12.000 personas contactadas tienen discapacidad.
En este contexto, las administraciones locales de Sevilla y Córdoba probaron en 2022 el uso de centros de o refugios de frío para ayudar a las personas con mayor riesgo, pero los funcionarios municipales afirmaron que los centros estaban infrautilizados. .
La ONG recomienda a las ciudades desarrollar todas las iniciativas para reducir el calor urbano en consulta con las personas que corren mayor riesgo de sufrir los efectos negativos del calor extremo y el cambio climático.
Otro de los factores de riesgo es la pobreza, que exacerba los impactos del calor para muchos residentes en Andalucía, a la que HRW define como «una de las más pobres en España» y donde afirma que muchos residentes pobres en edificios poco aislados carecen de cualquier espacio verde, circunstancias ambas que contribuyen a un mayor riesgo para la salud en caso de calor.
Los cortes de luz en los barrios más pobres de Andalucía podrían afectar aún más y de forma severa a las personas con discapacidad, que no pueden utilizar los ascensores o contar con aire acondicionado.
De acuerdo con las normas internacionales en materia de derechos humanos, incluida la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad (CRPD), HRW considera que tanto España como sus comunidades autónomas deben asegurar la protección y la seguridad de las personas con discapacidad en los desastres naturales y protegerles de manera razonable de las amenazas para la vida predecibles, como el cambio climático.
Asimismo, recuerda que los Gobiernos tienen la obligación de proteger y promover los derechos humanos de las personas con discapacidad en todas las políticas y programas incluidas las respuesta a los eventos de calor extremo.
Bull, que en su estudio denuncia la inaccesibilidad a la información relativa a las olas de calor en la Junta de Andalucía, insta a sus autoridades a reconocer el calor extremo como una amenaza fundamental para su población y a las personas con discapacidad como un grupo poblacional más expuesto al riesgo de calor extremo.
«Si se gestiona de manera inadecuada, como sucedió durante las olas de calor de 2022, sin desarrollar acciones específicas para proteger a las personas con discapacidad, estas seguirán soportando de manera desproporcionada la peor parte de la crisis climática», ha advertido Bule.
La organización subraya que las autoridades deben investigar y monitorizar minuciosamente los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos exacerbados por el cambio climático, como las olas de calor, y desglosar los datos por edad, discapacidad y otros factores.
«Si se maneja de manera inadecuada, como durante las olas de calor de 2022, sin desarrollar acciones específicas para proteger a las personas con discapacidad, seguirán soportando de manera desproporcionada la peor parte de la crisis climática», concluye.
