La Fiscalía de Sevilla reclama siete años de cárcel para un varón a juzgar este miércoles en la Audiencia Provincial, acusado de un presunto delito de intento de homicidio cometido al asestar supuestamente varios golpes con el filo de una botella rota en el cuello y la cara de un joven, con el que había discutido en un aparcamiento ubicado junto a una discoteca de la Cartuja.
En su escrito de acusación, la Fiscalía explica que los hechos habrían acontecido sobre las 5 horas de la madrugada del 8 de septiembre de 2022, cuando dos jóvenes estaban atendiendo a un tercero que se hallaba indispuesto en el aparcamiento contiguo a la discoteca Rosso de Antique, en la Cartuja, momento en el que habrían sido abordados por el acusado, Marouane T., de 27 años entonces, nacionalidad marroquí y con una orden de expulsión en su contra, por carecer de residencia legal en España.
El inculpado habría pedido «un cigarrillo» a los jóvenes, quienes le habrían contestado que «no tenían», según el Ministerio Público, que detalla que Marouane T. habría insistido en su requerimiento, sin hacer caso a las peticiones de uno de los jóvenes respecto a que «se apartara porque su amigo necesitaba espacio para que le diera el aire».
Según la Fiscalía, la situación fue tal que este joven «hubo de terminar por empujar» al acusado para «apartarle del lugar», tras lo cual el inculpado cogió del suelo «dos botellas de cristal», las rompió estrellándolas «contra el pavimento» y, siempre supuestamente, «acometió» contra el mencionado joven, cayendo ambos al suelo, donde el encartado «asestó» con el filo de una de las botellas rotas a su contrincante «diversos golpes en rostro y cuello», ocasionándole heridas faciales y una importante lesión en una «zona por la que discurren órganos que de haber sido afectados, hubieran podido provocar el óbice» de la víctima «en pocos minutos».
Así, la Fiscalía achaca a Marouane T. un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, reclamando para él siete años de cárcel, con «limitación de la posibilidad de acceso al tercero grado hasta el cumplimiento efectivo de la mitad de la pena impuesta, momento en el que la pena pendiente será sustituida por la expulsión de España durante ocho años». Además, la Fiscalía reclama que le sea impuesta la prohibición de acercarse al joven víctima de los supuestos hechos o comunicarse con él, durante diez años.