La viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, ha destacado este sábado que la normativa establecida para la planificación de títulos garantiza a las universidades públicas andaluzas competir en igualdad de oportunidades dentro del sistema.
Así lo ha puesto de manifiesto durante la apertura del curso académico 2024-2025 de la Universidad de Sevilla (US), donde ha subrayado la relevancia de esta institución en materia de investigación, con proyectos como el Tokamak en el área de la fusión nuclear o con sus excelentes resultados en el ranking de Shanghái.
En su intervención, Garrido ha explicado que la nueva programación académica, compuesta por 188 titulaciones, 25 de ellas de la Universidad de Sevilla, se comenzará a impartir a partir del curso 2025/2026 y permitirá reorientar el actual mapa hacia una oferta de mayor calidad y racionalidad, teniendo en cuenta la estructura socioeconómica del territorio y su tejido productivo. Para la viceconsejera, la ordenación de las titulaciones constituye una de las grandes políticas de calado en las que se asienta la reforma universitaria acometida por el Ejecutivo autonómico en los dos últimos años.
En ese periodo, la Junta también ha aprobado y puesto en marcha un nuevo modelo de financiación para el sistema público, que en 2024 «alcanza una cifra récord de 1.685 millones», una cuantía que se incrementará hasta los 1.777 millones sumando otra serie de partidas adicionales.
«El nuevo instrumento de distribución y gestión de recursos se ha acordado desde el diálogo y el entendimiento con toda la comunidad universitaria», ha aclarado, para añadir que este instrumento «da certidumbre a las instituciones académicas para que puedan organizar su planificación a medio y largo plazo». En este contexto, también ha puesto el acento en la armonización del sistema que proporcionarán los contratos programas que se están acordando con las universidades.
A esas medidas «reformistas» se une, según la viceconsejera «la consolidación de las condiciones de laborales y salariales del personal docente e investigador y de la plantilla de gestión y administración de las universidades, de la que se beneficiarán unos 30.000 profesionales en toda Andalucía». «Ninguna mejora del sistema puede conseguirse sin velar por que los recursos humanos que lo sustentan puedan desarrollar su trabajo en condiciones que favorezcan la promoción, la eficiencia y la valoración de los méritos», ha remarcado.
La viceconsejera de Universidad también ha apuntado que, en el plano legislativo, la Junta aprobará en este curso académico la Ley Universitaria para para Andalucía (LUPA) y la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (Activa). En relación con la LUPA, ha aclarado que «la norma ya se remitió en agosto al resto de consejerías para realizar aportaciones con el objetivo de poder iniciar cuanto antes los trámites legales previos a su entrada en el Parlamento».
Por otro lado, Lorena Garrido ha reseñado que Andalucía ha sido «la primera comunidad» en dar un paso al frente y asumir el coste de la cotización de la Seguridad Social de los estudiantes universitarios que realicen sus prácticas en la Administración y sus entes adscritos.
De igual modo, la viceconsejera ha aprovechado su discurso para subrayar que la Junta continuará garantizando, mediante las políticas en educación superior, la igualdad de oportunidades con medidas como la bonificación de matrículas por rendimiento o el incremento del complemento autonómico al Erasmus+, «un programa tan valorado por los estudiantes», ha apostillado.
134 MILLONES PARA APOYAR LA I+D
Al margen de esos cambios estructurales en el ámbito universitario, Garrido también se ha centrado en la I+D, resaltando el esfuerzo financiero cuantificado en 134 millones que está desplegando la Junta para respaldar la investigación en la comunidad. De ese cómputo global, ya se han convocado programas por valor de 63 millones para promover la formación y la carrera del talento investigador e impulsar proyectos de I+D.
Esas subvenciones se encuentran en fase de análisis de solicitudes. Los restantes 71 millones se destinarán a nuevas convocatorias que buscan «favorecer la transferencia, la adquisición de instrumentación científica, el impulso a los campus de excelencia o la creación de las unidades de excelencia en la investigación y las de investigación competitiva».
Asimismo, la viceconsejera de Universidad ha puesto el acento en «el vuelco» dado al sistema de ayudas, rebajando «considerablemente» la burocracia. En ese sentido, ha explicado que «se han simplificado en más de un 95% las exigencias y trámites administrativos en el caso de las subvenciones de recursos humanos».
En este capítulo de la I+D, Garrido ha querido detener su discurso en la «excelencia» que caracteriza a la Universidad de Sevilla, en alusión a los avances cosechados en el desarrollo de la energía del futuro a través del proyecto Tokamak, con el que «se quiere hacer realidad la fusión como fuente de energía comercial, limpia e inagotable en las próximas décadas».
También ha hecho mención a los importantes proyectos de investigación en terapias contra el cáncer llevadas a cabo por investigadores salidos de las aulas de la US. Asimismo, ha felicitado a esta institución por los resultados obtenidos en el prestigioso ranking de Shanghái.
la contribución de la us al sector aeroespacial
En su discurso, Lorena Garrido ha destacado la labor investigadora de la Universidad de Sevilla en el campo aeroespacial, así como su capacidad generadora de empresas de base tecnológica con repercusión en el segmento de la defensa. «Se trata de dos áreas claves para el desarrollo económico andaluz que reforzaremos desde la Consejería de Universidad con políticas, iniciativas y programas de incentivos para la innovación», ha matizado.
En el apartado del emprendimiento, ha avanzado que, antes de que finalice este año, cada institución académica pública contará con un Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE), en el marco del Plan de Actuación de Fomento del Emprendimiento en el ámbito universitario.
«El objetivo pasa por impulsar la creación de empresas que estén basadas en la innovación y el conocimiento, contribuyendo con ello a la configuración de un tejido productivo más competitivo y sostenible», ha puntualizado.
Esta línea de trabajo se complementa con el apoyo financiero de tres millones en incentivos para favorecer la cultura emprendedora, la actividad de las aceleradoras y de las startups o con otras acciones como la implantación de la red de ocho comisiones provinciales de emprendimiento con el fin de potenciar este tipo de actividades en los diversos municipios de la región y facilitar la coordinación de todos los agentes implicados.
