El Edificio A del complejo de Palmas Altas está ya listo para albergar desde este martes el primer juzgado de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, el Mercantil número 4, que entra en funcionamiento y que inaugurará oficialmente el complejo judicial que la capital hispalense lleva décadas esperando.
El inmueble ya está completamente habilitado para que durante el mes de noviembre, según el calendario solicitado por los jueces y magistrados, se trasladen al mismo los otros tres juzgados de lo Mercantil de la capital y los 13 de lo Contencioso-administrativos.
En concreto, los mercantiles se mudarán los días 13 (los juzgados 1 y 2) y 14 (el juzgado 3). Los de lo Contencioso lo harán entre el 15 y el 24 de noviembre. Los primeros en trasladarse serán los juzgados 1 y 2 el día 15, los números 3 y 4 el día 16 mientras que el Contencioso-Administrativo 5 llegará el día 17.
Las obras de adecuación, con una inversión de 1.235.332,77 euros (IVA incluido), han servido también para habilitar espacio para otros cuatro juzgados de Primera Instancia, cuya mudanza está prevista para 2024, una vez que esté adecuado el edificio B, en el que irán el resto de los 21 órganos de esta jurisdicción. Nieto ha señalado que «queremos que sea para junio».
El Edificio A cuenta con 7.296,83 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas con capacidad en total para 21 órganos en los que trabajan alrededor de 250 personas entre funcionarios, jueces y Letrados de la Administración de Justicia.
En la planta baja está el control de acceso, dos salas de espera con paneles informativos, salas para testigos, siete siete salas de vista (dos para los mercantiles y cinco para los contenciosos) «de distinto tamaño para cubrir las necesidades de juicios de gran formato» junto a los ordinarios, además de los despachos para los colegios de abogados, procuradores, letrados del Ayuntamiento y de la Diputación, además de espacio libre para futuras necesidades.
La primera planta es la reservada para los cuatro juzgados de lo Mercantil y tres juzgados de Primera Instancia. La segunda planta está destinada a seis juzgados de lo Contencioso-Administrativo, uno de Primera Instancia y el despacho para Fiscalía. Por último, en la tercera hay espacio para siete juzgados de lo Contencioso y los despachos para los letrados de la Junta y del SAS.
Los siete bloques del complejo suman en total 48.306 metros cuadrados construidos. Los edificios C y D se destinarán a la jurisdicción Social, las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial, las salas del TSJA en Sevilla y los órganos de Gobierno; y en los edificios E, F y G, el Registro Civil y el resto de juzgados como los de Familia. La inversión total prevista para adecuar los siete edificios es de 33.655.895 euros.
Para la jurisdicción Penal, la Consejería construirá un edificio nuevo en una de las dos parcelas anexas que adquirió junto a la construida, por un importe total de 70,6 millones de euros. La inversión total, incluidas las obras de adaptación de los siete edificios y la construcción del nuevo además de la compra, asciende a más de 200 millones.
El consejero ha incidido en que el complejo judicial «es un proyecto de ciudad» ya que forma parte de la expansión de la capital hispalense por la zona Sur. Para garantizar el acceso y movilidad al recinto hasta la «solución definitiva» que supondrá la llegada de la Línea 3 del Metro, Nieto ha agradecido al Ayuntamiento la puesta en marcha de una lanzadera, «que ya está realizando pruebas y que conecta Palmas Altas con el Prado cada quince minutos», además de la prolongación de la línea 35 de Tussam.
«Hay una voluntad explícita del Ayuntamiento de garantizar la movilidad y un compromiso de que si se tiene que incrementar se hará», ha defendido. Nieto ha incidido en que con el complejo la Administración de Justicia en Sevilla da «un salto del siglo XX al siglo XXI«. Se trata del proyecto «más complejo» que ha afrontado la Consejería de Justicia «en toda su historia» y viene a cubrir una demanda de décadas de los operadores jurídicos.
Nieto ha subrayado que en su puesta en marcha «estamos midiendo todos los estándares de calidad» y analizando «al detalle» qué se necesita y cómo organizar los espacios para facilitar la adecuación a los cambios de modelo que conllevará la Ley de Eficiencia Organizativa, actualmente paralizada con el Gobierno en funciones pero que deberá instaurar los tribunales de instancia. Por ello, servirá para «ensayar» cómo hay que diseñar el resto de Ciudades de la Justicia proyectadas en Cádiz, Huelva, Jaén y Granada.
