El juicio con jurado popular que celebra la Audiencia de Sevilla contra el exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls, por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Junta de Andalucía; ha afrontado este martes la sesión correspondiente a las conclusiones y los informes finales de las partes.
En este marco, el abogado Adolfo Cuéllar, en defensa de Fernando Villén, ha recordado que su cliente ha reconocido que cargó 32.566 euros de gastos en prostíbulos en su tarjeta de empresa de la Faffe, unos «gastos inadecuados para la finalidad de la fundación», según sus palabras, pero ha llamado a distinguir que «lo moral es ajeno a lo jurídico» y es esto último lo que aborda el juicio.
En ese sentido, ha defendido que Fernando Villén, para el que la Fiscalía reclama seis años de cárcel, seis años de inhabilitación especial y una multa de 7.200 euros por un presunto delito continuado de malversación y otro supuesto delito de falsedad en documento oficial continuado cometido por funcionario público; «siempre» supo que tales gastos «inadecuados» con su tarjeta de la Faffe habían de ser repuestos con su propio dinero y así lo hizo.
«Él nunca pretendió que esos gastos (en prostíbulos) fuesen gastos para la Faffe», ha asegurado la defensa de Villén, exponiendo que su cliente repuso a la Faffe los mencionados cargos, con lo que no habría pesado «menoscabo alguno» para los fondos públicos.
«Todo ha sido devuelto», ha enfatizado el letrado defensor de Villén, según el cual las cuentas propias del mismo reflejan que a lo largo de diez años dispuso de una liquidez de unos 350.000 euros, con lo que tenía dinero como para hacer frente a estos gastos, tras lo cual ha esgrimido además que a lo largo del juicio no han pesado «indicios» de «concierto» entre Villén y Ana Valls, para la que la Fiscalía reclama cuatro años de cárcel, cuatro años de inhabilitación especial y una multa de 6.000 euros como cooperadora necesaria de los supuestos delitos achacados al exdirector de la Faffe.
