La Fiscalía de Sevilla ha trasladado a los Juzgados de Instrucción una denuncia contra el director de un centro de mayores de un municipio de la provincia con plazas concertadas con la Junta de Andalucía y los dos hijos de una anciana residente en dicho recinto; por un presunto delito de detención ilegal derivado de la negativa del responsable del centro a que la mujer saliese del mismo en los horarios habilitados para las salidas, por orden expresa de los vástagos de la afectada.
En la denuncia, difundida por la Fiscalía, se detalla que el pasado 10 de octubre, Norberto Sotomayor Alarcón, fiscal Delegado en Sevilla en la especialidad de Protección de las Personas con Discapacidad y Mayores, cursaba una visita a una residencia de personas mayores de un municipio, marco en el que ya cerca de finalizar sus actuaciones, en la zona de salida del centro fue abordado por una residente que le pidió «ayuda».
La mujer le relató que ingresó voluntariamente en la residencia tras fracturarse ambos brazos hace ya un año, periodo desde el cual no se le permitiría abandonar las instalaciones pese al horario de salida habilitado entre las 11 y las 13 horas de cada día. La anciana le trasladaba así, según la Fiscalía, que llevaba «un año» sin salir del recinto, por la presunta negativa del director del mismo.
Tras requerir información al centro sobre la situación de esta persona, según la Fiscalía, Norberto Sotomayor habría descubierto que «no constaba informe médico alguno que justificase esta decisión limitativa» ni tampoco «resolución judicial que justificase esta conducta de la residencia».
Después, en una conversación con el director de la residencia, el mismo habría alegado al fiscal, según el Ministerio Público, «que no la dejaba salir porque así se lo habían exigido sus hijos de manera verbal», reconociendo que no pesaba «documentación médica o judicial que justificases esta negativa a permitir la salida» y que sólo contaba con «la orden verbal de los hijos».
CITADOS COMO INVESTIGADOS
A tal efecto, Norberto Sotomayor resolvió citar como investigados al director del centro y a los dos hijos de la afectada, los cuales residirían en la vivienda de la misma; esgrimiendo el responsable del centro un correo electrónico en el que uno de los hijos de la mujer manifestaba expresamente que no autorizaba la salida de su madre del centro «sola ni acompañada bajo ningún concepto».
Uno de los hijos de la mujer habría alegado ante el fiscal que su madre había asistido por un psiquiatra al que identificó, pero según la Fiscalía, las gestiones desplegadas revelaron que en la unidad de psiquiatría mencionada por el investigado no constaba «atención alguna» a la mujer; sin constar tampoco en el sistema Diraya del Servicio Andaluz de Salud sobre la historia clínica electrónica de pacientes «atención alguna en ninguna unidad de salud mental de la provincia de Sevilla».
Las gestiones de la Fiscalía reflejaron además que desde octubre de 2022 a octubre de 2023, la mujer habría salido diez veces del centro, ocho veces con sus familiares, principalmente sus hijos, y dos veces con amigas.
«CAPACIDAD PSÍQUICA ADECUADA»
Finalmente, un informe forense solicitado por la Fiscalía reflejó que la mujer «presenta una capacidad psíquica adecuada con capacidades de decidir libremente y poder prestar así un consentimiento válido a la hora de aceptar un tratamiento como puede ser su internamiento en centro adecuado».
Dado el caso, la Fiscalía atribuye al director del centro y a los dos hijos de la mujer un presunto delito de detención ilegal, pues «las conclusiones e informe forense evidencian la ausencia de motivo médico o diagnóstico que justifique que esta persona pueda tener algún impedimento a la salida del centro residencial, en el horario marcado por las normas de régimen del centro».
Señala especialmente que la actuación del director del centro «ha sido arbitraria y manifiestamente contraria a la Ley», pues era «perfecto conocedor de los requisitos legales de los ingresos involuntarios, quedando acreditado al constar en la residencia más de diez personas con este tipo de expedientes»; además de que «desde la perspectiva penal, ejerce una función pública y por tanto, tiene la consideración de funcionario público».
En cuanto a los hijos de la afectada, el fiscal precisa que su responsabilidad «se podría ver atenuada y, en su caso, incluso exonerada, pudiendo valorarse justificada su conducta en un mal entendido derecho de protección a su madre».
