La Junta de Andalucía abrirá en septiembre la convocatoria para que los jóvenes andaluces de hasta 35 años puedan solicitar un aval del programa Garantía Vivienda Joven, que permite cubrir, junto a la hipoteca bancaria, el 95% del coste de adquisición de la primera vivienda.
Según una nota de prensa, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha firmado los convenios de colaboración con ocho entidades bancarias que se han adherido al programa y que, en su conjunto, suman cerca de 2.500 oficinas repartidas por todo el territorio andaluz. «El Gobierno andaluz supera, con esta firma, el último trámite para que, a mediados de septiembre, los jóvenes ya puedan dirigirse a los bancos para adherirse a este programa de avales», ha manifestado.
El programa Garantía Vivienda Joven servirá, a juicio de Rocío Díaz, «para que muchos jóvenes afronten la compra de su primera vivienda en un escenario siempre complicado». «Sabemos que son muchos los jóvenes que, aún teniendo ingresos para asumir un préstamo, se quedan a las puertas por no contar con ahorros suficientes para afrontar gastos como la entrada o los impuestos y que van a ver en este programa una oportunidad para salvar este enorme escollo», ha dicho.
Las entidades bancarias acogidas a este programa son Caixabank, Cajamar, Cajasur, Caja Rural de Granada, Caja Rural del Sur, Ibercaja, Santander y Unicaja que, desde la firma de los convenios, se conviertan en entidades colaboradoras. Una vez firmado los convenios de colaboración, se publicará, en el plazo de un mes, la convocatoria pública, para que los jóvenes de hasta 35 años puedan solicitar, a través de las entidades financieras adheridas, la garantía que se regula en el Decreto-ley 4/2023.
Como entidades colaboradoras, los bancos acreditarán el cumplimiento de los requisitos de los solicitantes, que deberán estar empadronados en un municipio de Andalucía, tener hasta 35 años cumplidos y destinar la vivienda a domicilio habitual durante al menos dos años. Sólo se prestarán garantías hipotecarias para adquirientes de primera vivienda, ya sea libre o protegida o sea nueva o usada.
El programa Garantía Vivienda Joven se enmarca dentro del Plan Vive En Andalucía 2020-2030 y cuenta con una partida de 20 millones de euros. Con este programa, el Gobierno andaluz pretende hacer frente a uno de los principales problemas a los que se enfrentan los jóvenes como es el acceso a la primera vivienda, que se ha visto agravada por las dificultades de ahorro a las que se han visto sometido en los últimos años por la precariedad laboral, los bajos salarios, el índice de desempleo o la crisis financiera. Este escenario ha hecho que, aunque tengan ingresos, no han podido ahorrar lo suficiente para la entrada, así como los impuestos y demás gastos que la compraventa y la financiación conllevan.
Los estudios realizados indican que un joven de entre 25 y 35 años no emancipado y con trabajo a tiempo completo necesitaría el ahorro equivalente a la renta neta de tres años para pagar la entrada de una vivienda de precio medio en Andalucía. Con el aval hipotecario de la Junta, se reduciría a la mitad y requeriría el ahorro de año y medio.
La medida se aplicará para viviendas con un precio de referencia máximo de 295.240 euros con carácter general, si bien ese límite se vería incrementado en un 20% para viviendas con clasificación energética A o B, conforme a la normativa. También es un requisito indispensable encontrarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Con el préstamo preconcedido, la Junta de Andalucía resolverá la concesión de la garantía y, posteriormente, quedará concedido el préstamo. Con la partida inicial, se estima que el programa Garantía Vivienda Joven alcance a unos mil jóvenes, cifra que se irá incrementando a medida que se vayan amortizando los préstamos.
Este programa no sólo facilita el acceso a la vivienda a los jóvenes, sino que incide en el impulso de la actividad económica, del empleo y de la actividad financiera; influyendo no sólo en el sector de la construcción, sino también en otras actividades que van desde el mobiliario hasta la puesta en uso de la vivienda adquirida. Todo ello genera puestos de trabajo directos e indirectos, pero, además, significa también un retorno a las arcas públicas por los impuestos y tasas que gravan la actividad.
