La Comisión Permanente de la Junta de Personal al Servicio de la Administración de Justicia ha transmitido a la Consejería de Justicia y al Ayuntamiento de Sevilla sus «serias preocupaciones» sobre el próximo traslado de sedes judiciales a Palmas Altas, una mudanza que la Junta ha vuelto a posponer para que se haga a lo largo del mes de noviembre. Dicha Comisión ha rechazado que el traslado se haga «sin acceso viable» a la Ciudad de la Justicia.
En una nota de prensa, el sindicato CSIF ha recogido que la citada Comisión ha remitido a ambas administraciones sus «inquietudes» respecto a las condiciones laborales, el acceso al nuevo lugar de trabajo y los problemas de aparcamiento y servicios para el público y los empleados judiciales afectados. «Si ya es un problema notorio el acceso a Palmas Altas en horas punta, el traslado de los órganos judiciales a la zona conllevará un incremento de afluencia de personas, por lo que los problemas de tráfico se verán agravados con la incorporación de trabajadores de los juzgados», apunta el comunicado.
«Que el traslado de las oficinas judiciales se realice de forma escalonada responde a la falta de previsión por parte de la anterior Consejería de la Junta de Andalucía, que mantiene el actual Gobierno andaluz», asegura CSIF. Está previsto un plazo de cinco años para que se complete el traslado de todos los órganos judiciales, «lo que empeora la dispersión de sedes judiciales a la actual descentralización, pasando de 800 metros, aproximadamente a casi cinco kilómetros. Entendemos que Sevilla no se merece una ciudad de la justicia en diferido».
La Junta de Personal «no entiende», según lo señalado en la nota de prensa, que la materialización de la Ciudad de la Justicia «no se haga coincidir con el establecimiento de una red de transporte y plan de movilidad viable y sostenible, como en otras ciudades en las que se llevó en paralelo el plan de movilidad y la construcción de la Ciudad de la Justicia». En estos casos, recuerda, se realizó el traslado en bloque o secuencialmente en un breve plazo, cuando ya estaba ejecutada la red de comunicación, ya fuera por tranvía, metro o cercanías.
Sin embargo, «en Sevilla, se inicia el traslado sin acceso viable a la zona de Palmas Altas, y mientras se elabora y se ejecuta el plan de movilidad, lo que conlleva años para su finalización; «se comienzan, inconcebiblemente, los traslados de la oficina judicial de forma escalonada y con un cronograma de años, en lugar de esperar a la finalización del desarrollo del plan de movilidad, que sería lo coherente y operativo. Una vez más, la Junta de Andalucía antepone sus intereses políticos y económicos a una justicia cercana y de calidad».
La «única previsión» de acceso a Palmas Altas con motivo del traslado de los primeros juzgados consiste en una lanzadera desde el Prado de San Sebastián hasta Palmas Altas que la Administración estima un trayecto de quince minutos, un cálculo que la Junta de Personal considera «poco realista». En cuanto al Metro, hasta la zona llegará la línea 3, cuyo tramo norte –Pino Montano a Prado de San Sebastián– está ahora en construcción. Se estima su puesta en servicio para 2030.
La Comisión Permanente de la Junta de Personal del personal al Servicio de la Administración de Justicia ha criticado además los «incumplimientos» de la Consejería de Justicia en relación a las condiciones de trabajo. Entre ellas, ha destacado la prevención de riesgos laborales o el aumento de días de teletrabajo para conciliar, ya que «no hay colegios ni guarderías en la zona, servicios básicos, y plazas de aparcamiento con seguridad».
En relación al subterráneo, «el consejero y su equipo faltan a su palabra dada a los representantes del personal de Justicia, ya que las plazas de aparcamiento subterráneo se van a reservar a jueces, magistrados y fiscales en contra de lo prometido por el consejero en cuanto a la posibilidad de plazas para todos los trabajadores de los órganos judiciales, sin distinciones clasistas». «Este incumplimiento supone una falta de respeto a sus trabajadores y trabajadoras que creemos intolerable», puntualiza el CSIF en su comunicado.
