El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha proclamado este martes, acerca del borrador de la orden para fijar los precios máximos de los conciertos sanitarios que rubrica la Junta de Andalucía con el sector privado, que «el Gobierno de Juanma Moreno jamás ha desviado pacientes ni en esta legislatura ni en la anterior, durante el mandato de Juanma Moreno jamás se han derivado pacientes de Atención Primaria».
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Fernández-Pacheco ha reforzado el argumento de la no derivación de pacientes con la idea de que «no tiene ninguna intención de hacerlo», aunque seguidamente ha precisado que «vivimos en una situación de excepcionalidad» y que «si alguien día hubiera que hacerlo lo haremos a precios tasados», en alusión a hechos futuros que podrían empujar al Gobierno andaluz a tomar otras decisiones, así como ha planteado que la imagen de «pacientes en los pasillos son del pasado», una práctica asociada a los anteriores gobiernos socialistas.
El consejero y portavoz se ha expresado en estos términos ante la denuncia que formuló este lunes el Grupo Parlamentario Por Andalucía acerca de un borrador de orden sobre los precios máximos que debería abonar el Gobierno andaluz en el supuesto de consultas de Atención Primaria atendidas por grupos médicos privados, en cuyo caso se deberían abonar 65 euros, cantidad que se rebaja un 35% si para prestar ese servicio la empresa privada no lo hiciese en sus propias instalaciones.
Fernández-Pachecho ha asegurado ante la denuncia de Por Andalucía, grupo parlamentario que reúne a Izquierda Unida, Podemos y Más País Andalucía, que «una mentira repetida 1.000 veces no se convierte en verdad» tras sostener que «no se va a iniciar la privatización de la Primaria ni lo vamos a hacer».
«No vamos a privatizar la sanidad pública, ni la atención primaria ni la especializada», ha proseguido argumentando el consejero y portavoz del Gobierno, quien ha asegurado que la intención de ese borrador de precios máximos de los conciertos sanitarios es «protegernos de las deudas millonarias de la época socialista», en referencia a «los pagos que hemos llevado a cabo por las indemnizaciones», como el pago acordado con el grupo sanitario José Manuel Pascual Pascual para evitar su reclamación judicial de contratos pasados y que validó el Parlamento de Andalucía.
«Tenemos precios fijados, si algun día tuivieramos que hacerlo sabemos lo que nos va a costar, antes no», ha defendido Fernández-Pacheco en una comparativa entre la futura orden de precios máximos del actual Gobierno andaluz con ejercicios anteriores, para defender entonces que «ahora sabemos las reglas del juego» y que «lo importante es que los andaluces reciban una sanidad pública, gratuita».
El consejero de Sostenibilidad y portavoz ha defendido que esa tarificación que contempla «toda la casuística» busca «protegernos, las finazas de la Junta de Andalucía, el dinero de los andaluces», antes de blandir que Andalucía es la tercera Comunidad Autónoma que «menos paga en conciertos», cantidad que ha cifrado en 63,5 euros por habitante, una cantidad que ha dicho se sitúa por debajo de la media nacional, «que supera los 100 euros».
Y a esto ha sumado las inversiones en infraestructuras sanitarias que ha acometido el Gobierno andaluz, entre los que ha mencionado seis hospitales, nueve centros y 15 Centro de Atención Infantil Temprana, además de un incremento del gasto sanitario de un casi 4.000 millones para llegar a un presupuesto de 13.800 millones, al tiempo que ha reivindicado que ese gasto se haya acometido con «fondos europeos y con todos los recursos» porque «la sanidad andaluza bien lo merece».
Antes de insistir en que «el Gobierno de Juanma Moreno no lo ha hecho», la desviación de pacientes de Atención Primaria, Fernández-Pacheco ha proclamado que «por muchas más vueltas que le demos no viene en la orden que regula una tabla de precios», para reivindicar entonces que «las circunstancias» de cómo se produce esa cooperación entre sanidad pública y privada «las marca cada Gobierno», convencido de que «entra en la potestad de la Consejería».
