Una veintena de médicos forenses y tramitadores judiciales se incorporará este martes, 1 de agosto, a las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg), dentro de un plan de refuerzo de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que también incluye el mantenimiento de 48 interinos en los juzgados de Violencia sobre la Mujer.
El objetivo es «incrementar la calidad de la atención que reciben las víctimas cuando acuden a la Administración de Justicia», según ha expuesto la Consejería que dirige José Antonio Nieto en una nota este lunes.
De esta forma, desde este martes se incorporará un médico forense más a cada una de las Uvivg de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén, mientras que las unidades de Cádiz, Málaga y Sevilla contarán con dos profesionales de refuerzo.
Además, las plantillas de estas unidades, que pertenecen a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf), se reforzarán con ocho funcionarios del cuerpo de tramitadores procesales; en concreto, dos en Cádiz y uno para cada una de las demás provincias excepto Málaga.
Para este plan de refuerzo en los Imlcf, la Consejería de Justicia ha destinado un presupuesto de más de un millón de euros anuales –1.016.180 euros–, que será financiado con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Las actuales Uvivg, además de atender a las víctimas de violencia de género, tendrán que asistir a las víctimas de violencia sexual contra las mujeres, medida derivada de la reciente Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
Por tanto, según advierten desde la Junta, esta nueva obligación va a «multiplicar el trabajo de estas unidades» y, por ello, la Consejería de Justicia ha decidido «reforzarlas con más personal», destinando a este cometido parte de los fondos del Pacto de Estado.
Asimismo, todo el personal interino de refuerzo que actualmente presta servicio en juzgados con competencia en Violencia sobre la Mujer pasará a ser financiado con cargo al Pacto de Estado –en concreto, con 1,2 millones–, ya que, hasta ahora, «a la espera de que llegaran estos fondos, se mantenían con presupuesto propio de la Consejería», según han puntualizado desde este departamento del Gobierno andaluz.
En concreto, se trata de 48 puestos de tramitadores que ya trabajan en la Audiencia Provincial de Almería, la Fiscalía y los juzgados de Huércal-Overa, Berja y Roquetas del Mar; los de Barbate, Algeciras y Chiclana de la Frontera en la provincia de Cádiz; en órganos especializados de Montoro, Aguilar de la Frontera, Peñarroya-Pueblonuevo, Cabra, Posadas y Córdoba capital; en la Audiencia Provincial de Granada y juzgados de Motril, Almuñécar, Guadix, Huéscar, Baza, Santa Fe y Loja; en Hueva capital, Valverde del Camino, Ayamonte y Moguer; en juzgados de Linares y Alcalá la Real (Jaén); en Fuengirola, Marbella y Torremolinos (Málaga); y en Sanlúcar la Mayor, Estepa, Lora del Río y Lebrija (Sevilla).
Ambas medidas serán evaluadas trimestralmente para «analizar y determinar la necesidad y resultados de estos refuerzos», de tal forma que se pueda acordar su posible redistribución en otros juzgados y servicios «en aras de la mayor eficacia y eficiencia en el servicio prestado».
