Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en la provincia de Sevilla una operación contra el fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como la jardinería, la limpieza de edificios, la hostelería, el transporte de mercancías por carretera y el reciclado. Trece personas han sido detenidas y otras nueve están siendo investigadas por seis delitos contra la Seguridad Social, frustración en la ejecución y estafa procesal, cuantificándose el fraude en un total de 3.420.718 euros.
Las investigaciones comenzaron durante el pasado mes de agosto, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social registró varios escritos-denuncias en los que alertaba de las diversas actuaciones irregulares llevadas a cabo por los administradores de distintas empresas con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Estas empresas se encontraban ubicadas en los partidos judiciales de Sevilla, Dos Hermanas y Marchena.
Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social. En el análisis patrimonial de las empresas y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas.
Los agentes de la Policía Nacional pudieron determinar la participación delictiva de 22 personas, que eran principalmente los administradores de hecho de las empresas, sus testaferros o personas interpuestas y trabajadores que figuraban en connivencia. A todos ellos se les imputa delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y estafa procesal.
Tres empresas de las investigadas están relacionadas con el sector de la limpieza y la jardinería, dirigidas y gestionadas todas ellas por un mismo administrador. Las gestiones policiales revelaron la existencia de un grupo de empresas que se fue sucediendo en el tiempo y que compartía recursos personales y órganos de dirección. Estas empresas fueron utilizadas como medio o instrumento defraudatorio para eludir responsabilidades personales y para evitar los posibles embargos de acreedores y, más concretamente, las deudas generadas con la Tesorería General de la Seguridad Social. Existía asimismo un claro ánimo defraudador por parte del administrador de hecho y una manifiesta falta de voluntad de pago.
