La Universidad Pablo de Olavide (UPO) se ha sumado al llamamiento de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para «demorar» la entrada en vigor de la cotización de estudiantes en práctica. En este sentido, el Real Decreto-ley 2/2023, aprobado el pasado mes de marzo, establece, entre otras medidas, la inclusión como cotizantes en el Régimen General de la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas de Grado, Máster y Doctorado, y de los Títulos Propios de las universidades, desde el próximo 1 de octubre.
En principio, esta obligación correspondería a empresas e instituciones públicas que reciben estudiantado en prácticas, pero la misma norma dispone, como excepción, que sean las universidades las que asuman este deber «si así se acuerda con cada una de las empresas». Esto supondría para las universidades un «gasto inasumible», no solo económico por el elevado número de prácticas anuales gestionadas, sino también en cuanto a recursos materiales y humanos, según explica la UPO en una nota de prensa.
De este modo, CRUE solicita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones al menos, que se demore hasta el 1 de enero de 2024 la entrada en vigor de esta medida. «Frente al escaso avance real que la disposición aprobada supone para la protección de derechos del estudiantado», CRUE advierte que el «riesgo de colapso» del sistema universitario en nuestro país es «real», ante «la evidencia» de que empresas e instituciones, «en su gran mayoría, no asumirán las obligaciones económicas ni de gestión que suponen estas cotizaciones».
En el caso de la UPO, los afectados son más de 2.400 estudiantes que realizan sus prácticas formativas en 1.200 empresas. CRUE estima en 300.000 los convenios que deberían renegociarse en todas las universidades antes del 1 de octubre, algo inasumible para esta fecha y que impediría a miles de estudiantes completar sus currículos y titularse.
