El Claustro de la Universidad de Sevilla ha pedido a la Junta de Andalucía una «hoja de ruta clara, transparente y participativa» para la redacción de la nueva Ley Andaluza de Universidades (LAU).
Han expresado su profundo rechazo hacia la Ley Orgánica de Universidades (LOSU), que entró en vigor hace un mes y sobre la que han manifestado que el Gobierno de España no ha tenido en cuenta la opinión de la comunidad universitaria y tampoco parece buscar el consenso adecuado y necesario.
El Claustro ha aprobado planificar una hoja de ruta que conduzca a la mejor reforma normativa para la institución, que tiene que desembocar en la aprobación de un nuevo Estatuto adaptado a la LOSU. El modelo de elección del rector se cambiará para que sea por sufragio universal y no como hasta ahora, por elección del Claustro. El plazo fijado por la LOSU es de dos años desde su entrada en vigor, por lo que en abril de 2025, los Estatutos de la US tienen que estar reformados.
La Universidad de Sevilla ha criticado que el desarrollo de la LOSU no ha tenido en cuenta la opinión de la comunidad universitaria, y ha instado al Gobierno de la Nación a «cambiar esta manera de proceder y a desarrollar espacios realmente participativos acordes con las formas y usos propios de la comunidad académica». El Claustro ha mostrado su preocupación por el desarrollo legislativo de la nueva Ley Andaluza de Universidades, pidiendo que se incluya a las universidades andaluzas en el proceso de discusión, reflexión y elaboración, para lograr un amplio consenso.
El rector de la Universidad de Sevilla se ha comprometido a remitir una «hoja de ruta» de la Universidad que cristalice en la reforma de los Estatutos. Para ello, ha anunciado la convocatoria de jornadas de debate nacional e internacional sobre hacia dónde dirigir el sistema universitario. Además, ha prometido reuniones con estudiantes, sindicatos de los diferentes sectores, claustrales, decanos y directores de departamento.
El Claustro ha querido dejar claro su compromiso de defender la autonomía de la Universidad de Sevilla, constitucionalmente reconocida, para ofrecer y garantizar a la ciudadanía su derecho a una educación superior pública de excelencia.
