El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha sostenido este viernes que las universidades públicas «hemos informado negativamente» contra las dos universidades privadas nuevas aprobadas en Andalucía –CEU Fernando III, en Sevilla, y la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed)– porque «no cumplen los requisitos –fijados en la Ley–, no porque sean privadas».
En una entrevista, Castro ha puntualizado que «en ningún caso, la oposición a las universidades privadas es por el hecho de serlo». De hecho, ha recordado que la alianza europea Ulysseus, que coordina la Hispalense, está conformada por universidades públicas y privadas. «Nos hemos posicionado en contra porque no cumplen con los requisitos», ha abundado.
En el caso de Sevilla y tras la validación de la CEU Fernando III, que irá ubicada en el campus de CEU Andalucía, la US ha aprobado, además, en su Consejo de Gobierno iniciar el procedimiento de desadscripción del Centro Cardenal Spínola, centro adscrito a la Hispalense desde la década de los setenta. La desvinculación tendrá que formalizarse en un convenio, aunque mientras tanto la US y CEU Andalucía mantienen un pulso sobre la oferta de plazas de nuevo ingreso para el próximo curso.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el pasado 14 de febrero los proyectos de ley mediante los que se reconocen las universidades CEU Fernando III y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) en el marco del sistema de enseñanza superior de Andalucía, que cuentan con «todas las garantías» e informes preceptivos necesarios de carácter «positivo».
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, remarcaba entonces que «es la primera vez que se aprueban en Andalucía universidades privadas con una ley específica, propia, con total transparencia», y no, según ha apostillado, como ocurrió cuando se aprobó la creación de la única universidad privada hasta ahora en la comunidad autónoma, la Loyola, que se hizo en la etapa socialista al frente de la Junta mediante «una modificación de la Ley andaluza de Universidades de una forma un poco extraña», según ha apostillado.
Gómez Villamandos remarcaba que los proyectos «cuentan con todas las garantías», ya que, desde que sus promotores los presentaron hace tres años, «han ido evolucionando y mejorando, asumiendo las distintas consideraciones y evaluaciones» que se les han ido realizando, de forma que «los informes preceptivos necesarios» que se requieren han llegado «sin ningún tipo de objeción» y «con un carácter positivo a la creación de estas universidades», según ha enfatizado Gómez Villamandos, que en concreto ha citado los informes del Gabinete Jurídico de la Junta, del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo de Andalucía.
Los rectores de las universidades andaluzas, con la excepción de la Internacional de Andalucía (UNIA), mostraban, sin embargo, en un comunicado conjunto su «inquietud» ante la aprobación de ambas universidades privadas mientras las públicas «seguimos necesitando un modelo de financiación que «mejore» las condiciones. Los rectores recordaban que estas dos nuevas universidades privadas recibieron el voto desfavorable de todos los rectores de las universidades públicas andaluzas en la sesión del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) en la que procedía emitir informe previo.
Este rechazo, explicaban, «no estuvo motivado por el carácter privado de las propuestas, sino por considerarse que no cumplían con los requisitos establecidos en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios entonces en vigor y por no disponer dichas universidades de informes plenamente positivos en lo que a su calidad se refería».
