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Las claves del «nuevo modelo de Administración» que persigue la Ley de Función Pública serán formación y motivación

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido este jueves que la nueva Ley de Función Pública aprobada el pasado 31 de mayo por el Parlamento permitirá crear un «nuevo modelo de Administración» adaptado a las necesidades del siglo XXI, ya que «no nos sirve el que hemos heredado basado en una norma de 1985», y el objetivo principal es prestar el mejor servicio a los ciudadanos y para ello apuesta por la formación y motivación del personal, así como la evaluación del trabajo que se realiza.

Nieto ha defendido que la nueva Ley de Función Pública de Andalucía es «una de las más avanzadas de España y Europa» durante su intervención en el I Foro de Empleo Público, que se celebra este jueves y viernes en Sevilla organizado por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), según ha afirmado en una nota de prensa la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

El consejero ha destacado que la reforma de la Administración Pública ha sido un eje de trabajo prioritario para el Gobierno andaluz desde la pasada legislatura. Prueba de ello, es la apuesta por la estabilización del personal, que ha permitido reducir drásticamente la tasa de temporalidad.

«La precariedad en la Junta de Andalucía ya es pasado. Hemos pasado en muy poco tiempo de tener una Administración muy precarizada, con más 50% del personal temporal, al 8%», ha defendido. En este sentido, ha señalado que la nueva ley «va a permitirnos llegar al 5%» al recoger la convocatoria de procesos de estabilización de plazas ocupadas por interinos de larga duración.

Durante su intervención, ha incidido en que el texto recientemente aprobado, que se publicó este miércoles en el BOJA, es fruto de un amplio consenso y será la herramienta para transformar la Administración de la Junta que en su día «se ordenó de acuerdo a una norma de 1985 que tiene que adaptarse» para responder a las necesidades de la ciudadanía del siglo XXI.

Para ello los empleados públicos al servicio de la Administración son la pieza fundamental. Y la ley viene a darles seguridad jurídica, al aclarar las competencias y potestades de cada uno; crea nuevos cuerpos en áreas especializadas; adapta los procesos selectivos a las funciones a desempeñar; y busca sobre todo captar y retener el talento para contar con los mejores mediante la formación y la motivación.

«Si cambiamos el modelo, tenemos que formar a funcionarios para adaptarse a esa nueva realidad», ha subrayado, por lo que la ley apuesta por la capacitación continua del personal. Además, «tenemos que motivar al personal de la Junta de Andalucía para prestar el mejor servicio posible al ciudadano». Por ello, la norma permite el desarrollo de la carrera profesional sin tener que cambiar de puesto e incentiva el esfuerzo y el compromiso.

Por último, Nieto se ha referido a uno de los aspectos más novedosos de la ley, la inclusión de la cultura evaluadora en la Administración Pública para «medir el servicio que prestamos» con el fin de introducir mejoras y detectar errores para corregirlos.

El consejero ha destacado que el texto de la ley es fruto del diálogo y el consenso y ha confiado en que el mismo se mantenga en su desarrollo reglamentario. Además, ha agradecido al director del IAAP, José Loaiza, la organización de un foro en el que se van a analizar los cambios que introduce ya que ello permitirá «prevenir los obstáculos» que pueden producirse en su aplicación práctica y facilitar así su despliegue.

El encuentro contará con la participación de catedráticos de Derecho Administrativo de diversas universidades que ofrecerán una reflexión desde el punto de vista teórico de los cambios normativos. No obstante, los asistentes también conocerán la vertiente práctica de la gestión diaria del personal en diversas administraciones tanto autonómicas como locales. Así, intervendrán responsables de la propia Junta de Andalucía pero también de la Generalitat Valenciana, la Comunidad de Castilla-La Mancha, la Generalitat de Cataluña, así como ayuntamientos como los de Madrid, Valencia y Vigo.

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