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Las primeras ordenanzas fiscales de Sanz entran en vigor con la incógnita del presupuesto de la ciudad

Las primeras ordenanzas fiscales del Gobierno local, que preside José Luis Sanz (PP), han entrado en vigor con la publicación, este jueves, del anuncio de la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza general de gestión, recaudación e inspección y de las ordenanzas fiscales de impuestos, tasas y precios públicos para 2024 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

En este sentido, el equipo de gobierno sacó adelante el pasado día 2 de noviembre sus primeras ordenanzas fiscales, en un pleno extraordinario y urgente, con el apoyo del grupo socialista en el Ayuntamiento y las críticas de Vox y de la formación de izquierdas Con Podemos-IU.

Las ordenanzas fiscales fueron acordadas en la Comisión Municipal de Hacienda celebrada el martes de esa semana y, según el Gobierno local del PP, suponen una «bajada generalizada» del 1% en los impuestos y una «congelación real de las tasas» aunque incluye una nueva de 116 euros para las bodas en el Ayuntamiento. Según el PP, este texto normativo deja en los bolsillos de los sevillanos cuatro millones de euros.

No obstante, pese al voto favorable del PSOE, desde esta formación se incidía en el hecho de que el modelo que persigue el grupo socialista es de «progresividad» frente al de «bajada masiva de impuestos que impulsa el PP, aunque en este caso se han quedado cortos con respecto a lo que nos pedían en la oposición», recordaba entonces la concejal Sonia Gaya.

La propuesta de ordenanzas fiscales para 2024 contemplaba una «bajada generalizada» de los impuestos locales de un 1%, y una «congelación real» de las tasas. Así, el IBI, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, la llamada plusvalía, el IAE y el ICIO se reducirán con carácter general en ese porcentaje. Además, junto a la citada tasa para las bodas que se celebren en el Consistorio se planteaba otro gravamen por la ocupación del subsuelo y/o vuelo de las redes de suministro para telefonía móvil, como ya tienen ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia y que abonarán las compañías telefónicas por usar ese espacio público.

Finalmente, en cuanto a los precios públicos, la única modificación que se planteó tenía que ver con algunas tarifas del Alcázar, para terminar con la diferencia de precio entre las entradas que se vendían en taquilla y por Internet (con un mayor importe), y que ahora van a costar lo mismo. Con ello, se pretende incentivar el uso de la compra online y prestar un mejor servicio y evitar las imágenes de las colas en el Alcázar.

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