Después de que el pasado mes de febrero concluyesen los trabajos de exhumación iniciados en enero de 2020 en la fosa común de Pico Reja del cementerio municipal de Sevilla, con la recuperación de restos óseos de 1.786 personas «asesinadas» durante el golpe de estado de 1936 y la posterior represión militar bajo el mando del general Gonzalo Queipo de Llano; los colectivos memorialistas reclaman que la Junta de Andalucía implante «un proceso de comunicación efectivo y ágil» para informar sobre los resultados de los cotejos genéticos destinados a identificar los cadáveres rescatados.
Miguel Guerrero Larios, nieto de uno de los componentes de la columna minera de Riotinto, enviada de Huelva a Sevilla el 18 de julio de 1936 para intentar detener el alzamiento militar; ha explicado a Europa Press que a principios de mayo, viajó a Granada junto al antropólogo Juan Manuel Guijo y el arqueólogo Jesús Román, quienes en nombre del equipo técnico responsable de este proyecto de exhumación entregaron al Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada (UGR) una nueva «tanda» de restos óseos, de cara al cotejo genético con muestras de familiares de víctimas, al objeto de intentar identificar a las personas enterradas en esta fosa común.
Y es que en paralelo a la exhumación de los vestigios óseos que albergaba la fosa común de Pico Reja, el equipo encargado de la excavación, perteneciente a Aranzadi Sociedad de Ciencias como adjudicataria de este proyecto promovido por el Ayuntamiento de Sevilla, ha ido entregando tandas de muestras óseas de los cadáveres al Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la UGR.
Ello, para la identificación de los cadáveres a través del cruce del ADN extraído del hueso con las muestras biológicas tomadas en su día a familiares de represaliados. Para este cotejo, los técnicos de Aranzadi han ido seleccionando muestras de unos diez centímetros de los huesos mayores de los esqueletos, intentando escoger siempre los restos óseos en mejor estado de conservación.
En ese sentido, Miguel Guerrero ha mostrado la «preocupación» y «malestar» de los colectivos de familiares de víctimas del golpe de estado y la represión militar, porque no median «noticias» sobre los cotejos genéticos, explicando que el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la UGR trasladó en la mencionada visita de mayo que su labor está sujeta a un «compromiso de confidencialidad» y que corresponde a la Junta de Andalucía, competente en materia de memoria histórica, la «responsabilidad de informar» sobre esta vertiente de la investigación.
En ese sentido, ha lamentado que tras la entrega de diferentes tandas de restos óseos para su cotejo con las muestras genéticas de familiares de víctimas, la Junta «no se haya puesto en contacto con nadie» de los colectivos memorialistas comprometidos con la exhumación de la fosa común de Pico Reja.
Al respecto, Miguel Guerrero ha explicado que más allá de que haya contactos «individuales» por parte de la Administración andaluza para informar de casos puntuales de «identificación positiva» fruto del mencionado cotejo genético, debe ser orquestado «un proceso de comunicación más efectivo, con un patrón determinado» y una comunicación «más ágil» para que los colectivos conozcan «el estado» de avance del conjunto de las identificaciones genéticas.
En ese sentido, recordemos que entre las víctimas enterradas en la fosa de Pico Reja figurarían miembros de la corporación municipal hispalense de la época, algunos alcaldes de la zona e incluso diputados. Podría ser, de hecho, la fosa donde descansarían los restos de Blas Infante, ejecutado precisamente en agosto de 1936 y declarado como Padre de la Patria Andaluza.
Los últimos avances de la investigación científica promovida en torno a esta fosa apuntan a que la misma acogería los restos de, al menos, 30 miembros de la columna minera de Riotinto, enviada desde Huelva hacia Sevilla capital el 18 de julio de 1936 para detener el alzamiento militar y cuyos efectivos fueron víctimas de una emboscada tendida en la Cuesta del Caracol de Camas a manos del comandante de la Guardia Civil Gregorio Haro Lumbreras y los hombres bajo su mando, pese a que éste había declarado su lealtad al legítimo Gobierno republicano.
