En los alrededores de la Audiencia de Sevilla se llevó a cabo hoy una concentración de abogados y procuradores, en la que demandaron un acuerdo entre instituciones, partidos políticos y agentes sociales para «reactivar de inmediato el servicio público de justicia» tras una serie de huelgas, así como tomar «medidas urgentes para resolver los retrasos inaceptables» que están afectando directamente el trabajo y los ingresos de los profesionales legales.
Durante el evento, el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León, leyó un manifiesto en el que expresó la «fatiga» del sector ante las consecuencias que están experimentando los abogados y procuradores debido a las recientes y sucesivas convocatorias de huelgas en el ámbito de la justicia, sumadas a un déficit histórico y estructural que el sistema ha arrastrado durante décadas.
Específicamente, mencionó la prolongada huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), es decir, los secretarios judiciales; el «conato de huelga de jueces y fiscales» y la actual huelga indefinida de funcionarios, todas ellas en demanda de mejoras salariales. El decano señaló que este último paro «continúa paralizando la justicia sin un control efectivo del cumplimiento de los servicios mínimos y sin vislumbrar una solución».
«Después de cuatro meses consecutivos de huelgas, se siguen suspendiendo continuamente decenas de miles de vistas, en la mayoría de los casos sin previo aviso, lo que ha dejado miles de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada, y señalamientos programados para fechas tan irrazonables como el año 2027», enfatizó el decano.
Según Óscar Fernández León, esta acumulación de «paralización de procedimientos y actuaciones judiciales, así como los retrasos en los señalamientos, mandamientos de pago y costas», está afectando al colectivo de abogados y procuradores hasta el punto de que muchos profesionales han dejado de trabajar o han visto disminuir considerablemente su actividad, llegando incluso a plantearse el cierre de sus despachos.
«El maltrato a la Justicia, y por extensión a la abogacía, se intensifica en la situación que enfrentan los abogados adscritos al Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, quienes realizan su trabajo en condiciones precarias e indignas», subrayó Fernández León, añadiendo que «las llamadas de auxilio ante la precariedad de la situación y las persistentes y contundentes alertas han sido ignoradas y no han servido de nada».
