El consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, ha avanzado este miércoles que Andalucía cerró el año 2022 con un récord de inversión en proyectos renovables, hasta rozar los 1.300 millones de euros, fruto de la instalación de 1.257 megavatios (MW) ‘verdes’ que han permitido la creación de cerca de 3.800 empleos asociados a su construcción. Además, ha incidido en que «queremos ser los número uno de España en renovables» por el factor de competitividad y localización de industria que conlleva, entre otros.
Así lo ha señalado en el encuentro-coloquio organizado por diario ‘SUR’ en colaboración con Cajasur en Málaga, donde también ha destacado «el esfuerzo de tramitación» realizado el año pasado, en el que se instaló un 50% más de potencia renovable para la generación de electricidad en la comunidad andaluza frente a los 837 megavatios de 2021.
Ha detallado que de esos 1.257 nuevos MW renovables, que en la práctica totalidad correspondieron a plantas fotovoltaicas (1.237 MW), Málaga aportó 103 MW, representando el 8,2% de la nueva potencia, de manera que la provincia cerró el año con 1.094 MW de energías limpias.
«Andalucía alcanzó en 2022 los 10.198 MW de potencia renovable instalada, tras crecer un 14% en comparación con el ejercicio anterior, lo que la coloca como la segunda comunidad autónoma en potencia eléctrica ‘verde’, manteniendo su posición de liderazgo en tecnologías como la termosolar y la biomasa, y recuperando el segundo puesto nacional en fotovoltaica», ha valorado.
Ha explicado que el ejercicio pasado se triplicó además el número de instalaciones de autoconsumo en relación con 2021, de manera que ciudadanos, empresas y otras entidades pusieron en marcha 53.400 nuevas instalaciones, lo que eleva por encima de las 83.000 las instalaciones existentes en régimen de autoconsumo que suman una potencia instalada de 618 MW, y que ya representan el 13% de la potencia total fotovoltaica en Andalucía.
En relación con la tramitación de los proyectos renovables, ha incidido en que es «un proceso que se caracteriza por ser exigente, participativo y transparente», con procesos de información pública y envío de documentación a las administraciones y organismos pertinentes, estudios de un año de duración sobre el comportamiento de la avifauna e informes de impacto paisajístico, entre otros.
Es más, ha destacado que «Andalucía es la única comunidad española que cuenta con garantías adicionales en la tramitación medioambiental de este tipo de proyectos».
Asimismo, Paradela ha valorado «el esfuerzo» realizado por los funcionarios de la Delegación Territorial de su consejería y de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, que han trabajado «intensamente en los últimos meses para cumplir con el segundo hito administrativo en la tramitación de los proyectos renovables».
Ha recordado que el Gobierno central había marcado el 25 de enero de 2023 como fecha límite para obtener una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de manera que todos aquellos proyectos que no contaran con esa autorización a esa fecha perderían el derecho de acceso y conexión a la red eléctrica y, por tanto, no podrían continuar con su tramitación.
La Junta de Andalucía, responsable de tramitar los proyectos de potencia igual o inferior a 50 MW, ha otorgado en la provincia de Málaga la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable a un total de 44 proyectos (de los 67 que tramitó) que suman 1.454 megavatios (MW) y que continúan por tanto con su desarrollo. En el conjunto de Andalucía el Ejecutivo autonómico ha dado autorización ambiental favorable a 445 expedientes que pueden suponer la instalación de 12.584 MW.
Para el consejero, la energía debe erigirse en «la palanca para transformar Andalucía» ante las oportunidades de negocio, empleo e innovación que abre la transición energética. Además, ha dicho, este ámbito las energías renovables están llamadas a jugar «un papel fundamental», ya que «reducen los costes de la energía y son nuestra gran baza para hacer más competitivas a nuestras empresas y para impulsar la industria en Andalucía, porque hablamos de la energía como factor de localización de inversiones».
La aspiración, ha dicho, es «convertir Andalucía en la primera comunidad autónoma de España en producción de energías limpias», un despliegue que va además asociado a inversiones y empleo.
«Los 12.000 MW adicionales que tenemos como objetivo para estos cuatro años supondrán una inversión aproximada de 12.000 millones de euros y 30.000 empleos en la fase de construcción, y nos acercarán al propósito de abastecer el 75% de las necesidades eléctricas de la región mediante generación sostenible», ha detallado.
Junto a este objetivo de ser número uno en renovables, Paradela ha detallado las metas que se plantea la Consejería de Política Industrial y Energía para la legislatura y que se concretan en alcanzar 20.000 millones de Valor Añadido Bruto (VAB) industrial en 2026, captar 20.000 millones de inversión y hacer crecer la minería metálica al menos un 20%.
En el ámbito de la industria, el consejero ha explicado que su departamento está articulando planes sectoriales de cadena de valor bajo el paraguas del Plan Crece Industria, consensuados con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), UGT-A y CCOO-A, y diseñados junto a las principales asociaciones y entidades sectoriales.
«Hemos identificado 32 cadenas de valor que hemos agrupado en 19 planes». Ya hay tres en marcha: naval, piedra y mármol, y cemento, y otros cinco se acaban de activar: madera y mueble, sector químico, textil, metalúrgico y de construcción industrializada que, con un presupuesto conjunto de 49 millones, prevén movilizar inversiones por 216 millones de euros.
El consejero ha incidido en los distintos instrumentos de ayuda para impulsar la actividad industrial que competen a su Consejería. Entre otros, ha recodado que está abierta la convocatoria de ayudas complementarias a los Incentivos Económicos Regionales por importe de 118 millones de euros, una línea de ayudas financiada con fondos propios que la Junta destina para atraer inversión industrial a Andalucía procedente de grandes empresas tractoras y que dota a la comunidad de un «instrumento diferencial» que persigue la atracción de capitales y el respaldo al tejido productivo industrial.
Asimismo, la Consejería está elaborando un nuevo instrumento de ayudas para infraestructuras básicas. «Se trata de incentivar la localización de inversiones en Andalucía actuando en la fase inicial, en la que se acometen gastos relacionados con la adquisición de terrenos, urbanización, construcción de naves o edificios. Son fondos propios para localizar o acelerar proyectos de impacto», ha precisado.
También ha aludido a la línea de avales para préstamos de Garántia. Por otro lado, el consejero ha destacado además la importancia que tiene para atraer inversión la simplificación administrativa y la agilización de los proyectos.
En esta línea ha puesto en valor la actividad de la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), con 122 proyectos en tramitación, cuya amplia mayoría está relacionada con las materias de su departamento. En concreto, ha detallado, en la provincia de Málaga, la UAP tramita 14 proyectos, con una inversión aparejada que alcanza los 2.044 millones de euros y que llevan asociados la generación de más de 7.600 empleos
