El Grupo de Por Andalucía ha formalizado una pregunta en el Parlamento autonómico, sobre la situación y destino de la antigua hacienda Ibarburu, levantada en torno a 1748 en el actual término municipal de Dos Hermanas (Sevilla), declarada bien de interés cultural (BIC), de propiedad privada y objeto en los últimos tiempos de episodios de expolio y de un incendio.
En su pregunta la diputada autonómica de Por Andalucía Alejandra Durán solicita al Gobierno andaluz del PP información precisa sobre «de quién depende actualmente la responsabilidad sobre este bien de interés cultural» y si la Junta de Andalucía «va a asumir los derechos cedidos por el Ayuntamiento de Dos Hermanas» sobre el inmueble, así como si el mismo tiene «actuaciones previstas para rehabilitar y recuperar este bien de interés cultural».
En 2021, recordémoslo, la asociación Hispania Nostra, dedicada a la salvaguarda y difusión del patrimonio histórico, incluyó esta antigua hacienda de propiedad privada en su Lista Roja de enclaves en riesgo, al estar «completamente abandonada y en progresivo deterioro», toda vez que en diciembre de 2019, poco antes de la irrupción de la pandemia, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, adscrita a la Consejería de Cultura, autorizaba las «obras urgentes de seguridad» propuestas por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, gobernado por el PSOE, para este recinto.
LOS DEBERES DE LOS PROPIETARIOS PRIVADOS
Según el acta aprobada entonces por la Comisión Provincial de Patrimonio, la ley andaluza de Patrimonio Histórico estipula que «las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del patrimonio histórico andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos», en alusión a los propietarios privados de este inmueble marcado por su deterioro.
Dicha norma, además, recoge del mismo modo que la Consejería de Cultura podrá ordenar a los propietarios de los monumentos protegidos «la ejecución de obras o la adopción de las actuaciones necesarias para su conservación, mantenimiento y custodia», con la posibilidad de «proceder a la ejecución subsidiaria» de las obras ordenadas «con cargo al obligado» a realizarlas.
A cuenta de uno de los expolios perpetrado en esta antigua hacienda, una resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz reflejaba que la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura interpuso su propia denuncia ante la Policía Nacional, fijando «con carácter urgente una visita de inspección al citado bien de interés cultural, con objeto de identificar y valorar los daños y el expolio que se hayan producido».
LA TESIS DEL AYUNTAMIENTO
En cuanto al Ayuntamiento de Dos Hermanas, el mismo exponía en este procedimiento su «especial atención» con la hacienda Ibarburu, esgrimiendo que había dirigido «sendos escritos» a la familia Pickman, propietaria del recinto, «en orden a adoptar las medidas precisas» para su conservación.
Es más, argumentaba el Ayuntamiento nazareno que ya en 2015, ante la «absoluta necesidad de urgentes medidas de consolidación y restauración del edificio», solicitó el respaldo del Fondo de Ayuda a la Rehabilitación de la World Monuments Fund.
