El Juzgado de lo Penal número nueve de Sevilla tiene fijado para este miércoles, una vez más, el juicio contra un varón acusado de presuntos delitos de atentado contra agente de la autoridad, contra la seguridad vial y de daños en varios vehículos; tras haber embestido supuestamente con un coche que conducía a un guardia civil que le perseguía en una motocicleta oficial del Instituto Armado.
Este juicio, recordémoslo, estaba inicialmente señalado para octubre de 2021, si bien entonces fue suspendido por primera vez al renunciar el encartado al abogado de oficio con el que contaba, siendo entonces fijado el 7 de marzo de 2022 como nueva fecha para la vista, un señalamiento también suspendido entonces y fijado después para abril de ese año, cuando fue aplazado para el 23 de septiembre de 2022. No obstante, de nuevo fue suspendido y aplazado a este miércoles 15 de marzo de 2023.
Este quinto intento de celebrar la vista llega precisamente en un momento en el que la huelga que protagonizan desde el pasado 24 de enero los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) está derivando en numerosas suspensiones de vistas.
Según la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que representa al agente afectado, los hechos se remontan al 2 de marzo de 2017, cuando el acusado, identificado como M.H.P., circulaba con un vehículo de alquiler por la autovía A-49, en el sentido hacia Huelva, cometiendo una infracción de tráfico que habría sido observada por unos agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
Al intentar interceptar el vehículo, el acusado habría iniciado supuestamente la huida «poniendo en grave riesgo la seguridad vial de los usuarios, al realizar una conducción agresiva, a alta velocidad y con adelantamientos por izquierda y derecha, haciendo caso omiso de las ordenes de los agentes de tráfico» que le seguían, según la AUGC, que en el procedimiento judicial ejerce la acusación por parte del agente afectado.
«A pesar de ser seguido por varias patrullas, logró abandonar la autovía y tras adentrarse por las calles del municipio de Benacazón, puso nuevamente en riesgo la seguridad vial de los vehículos y habitantes de este municipio circulando a muy alta velocidad y en sentido opuesto al de la marcha, con total desprecio por la vida del resto de usuarios», detalla la AUGC.
El encartado habría llegado a una calle de sentido único seguido por un motorista de la Guardia Civil y, al comprobar que la calle estaba bloqueada por «un vehículo parado» que le impedía continuar la huida, habría dado supuestamente «marcha atrás» al vehículo embistiendo así al agente motorizado que le perseguía y «arrastrándolo ocho metros».
Ante esta situación, el agente «se vio obligado a hacer uso del arma de fuego, realizando un disparo intimidatorio» que alcanzó el parabrisas posterior del vehículo, tras lo cual el presunto autor de los hechos «optó por alejarse, dándose a la fuga», siendo finalmente localizado el coche «totalmente calcinado en un olivar cercano».
A consecuencia de los hechos, el agente sufrió lesiones en un hombro que lo han mantenido alejado del servicio durante mucho tiempo y de las que aún padece secuelas, siendo intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones.
A cuenta de los presuntos hechos, la acusación particular que ejerce el agente afectado a través de la AUGC y el abogado de la entidad, José Luis Ganfornina, reclama para el encartado cuatro años de cárcel por un supuesto delito de atentado a agente de la autoridad y tres más por un delito de lesiones, además de las indemnizaciones solicitadas.
El Fiscal pide de su lado penas por cinco delitos que suman cinco años y medio de prisión y multa e indemnizaciones para el agente, toda vez que M.H.P. cuenta en su haber con «más de 30 detenciones por delitos de narcotráfico o extorsión», así como por «altercados y agresiones» como una perpetrada en abril de 2017 en Bilbao (Vizcaya) a un joven con motivo de un partido de fútbol entre el Real Betis y el Athletic de Bilbao, según la AUGC.
