La Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA) han tachado de «error» las creación de las universidades privadas CEU Fernando III El Sabio y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) y han exigido «el cumplimiento estricto y riguroso de todos los requisitos que se exigen para poder constituir una universidad privada en nuestro país», porque, de lo contrario, «podríamos infligir un daño importante al propio sistema universitario andaluz, público y privado en perjuicio de la ciudadanía».
Así lo ha indicado el rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y presidente de la AUPA, Francisco Oliva, durante su comparecencia en la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación en el Parlamento andaluz, donde ha comparecido junto a otros agentes sociales respecto a los proyectos de ley de creación de universidades privadas.
«Nosotros siempre hemos sido muy claros» respecto al reconocimiento de ambas universidades con una postura «muy nítida y muy coherente». «No en vano –continúa– nos opusimos ya desde un principio, concretamente en el Consejo Andaluz de Universidades, celebrado el 13 de diciembre del 2021, en el cual nos pronunciamos en contra», un posicionamiento que «nunca fue caprichoso ni fruto de una concepción apriorística contraria a las universidades privadas, en absoluto».
«La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía no se opone ni se opondrá nunca a priori al reconocimiento de ninguna universidad privada, porque es una figura completamente legal. Pero exigimos el cumplimiento estricto y riguroso de todos los requisitos que se exigen para poder constituir una universidad privada en nuestro país. Lo contrario, evidentemente, implicaría una dejación de funciones flagrante por parte de esta asociación de rectores, además de que podríamos infligir un daño importante al propio sistema universitario andaluz, público y privado en perjuicio de la ciudadanía», ha afirmado Oliva.
En este sentido, Oliva ha recordado que desde un principio pusieron de manifiesto las razones jurídicas de fondo para «oponerse a la tramitación de estas dos universidades y lo hicimos en tiempo y forma», para añadir que «uno de los núcleos centrales de estas alegaciones era cuál es el régimen jurídico aplicable».
Así, ha explicado que desde un principio la anterior Consejería competente en materia de universidades dijo que «había que aplicar el real decreto 420/2015 que no está en vigor desde el 17 de agosto del 2021» y se aplicaba, básicamente, porque en el nuevo Real Decreto 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, «se decía que no tiene ningún tipo de disposición transitoria aplicable al caso que nos trae hoy aquí».
«En nuestra opinión esta interpretación es errónea porque claro que hay un régimen transitorio en el decreto 640/2021, el de la disposición transitoria primera», es decir, «todo lo que no haya sido ni siquiera creado en el momento de entrada en vigor de este Real Decreto tendrá que someterse a la nueva norma». Pero, destaca, «es que lo dice clarísimamente el Consejo de Estado, una vez que entre en vigor este Real Decreto, cualquier universidad que se cree o reconozca, no cuyo procedimiento se hubiera iniciado con anterioridad, se le aplica la nueva norma reglamentaria».
Y, por otra lado, prosigue, «la segunda argumentación que se decía es que como no hay una norma jurídica transitoria que resuelva este problema tenemos que ir a la disposición transitoria tercera de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que dice efectivamente que se aplicaría la norma anterior», pero, a juicio de la AUPA, «no hay que recurrir a una disposición transitoria supletoria del régimen jurídico común de la administración pública cuando el problema está resuelto en la norma especial».
Por tanto, nuestra conclusión «es muy clara». «En primer lugar,
a estas dos universidades hay que aplicarles, según el propio dictamen del Consejo de Estado, el Real Decreto 640/2021 sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades, lo que explica, concretamente, que tienen que cumplir los requisitos de oferta académica –diez títulos oficiales de grado, seis títulos de máster y dos programas oficiales de doctorado– y ninguna los cumple», ha afirmado Oliva.
Además, «hay que cumplir actividad investigadora y de transferencia, concretamente un 5% del presupuesto dedicado a programas de investigación; previsiones de profesorado, 50% de doctores y doctoras para impartir docencia; cuestiones económicas de recursos, de requerimientos, obligaciones, etcétera, que no los cumplen a día de hoy».
Por último, el presidente de la AUPA ha apuntado que lo que habría que hacer es «decirle a estas universidades que adapten las memorias a lo que establece este decreto y acabamos con cualquier tipo de problema». «Lo que estamos diciendo es simplemente que les exijan que cumplan estos requisitos», porque «tienen oportunidad simplemente de adaptarse al nuevo decreto que está en vigor desde hace dos años. No creo que sea pedir demasiado, es simplemente que terminen de adaptarse a la nueva realidad normativa».
En el turno de preguntas, Esperanza Gómez, de Por Andalucía, ha destacado que «exponen unos argumentos que nosotros ya hemos defendido en pleno, pero lo hacen con la autoridad moral que otorga hablar en nombre de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas». «Ha dejado muy patente algo que nosotros ya veníamos diciendo y es que no hay un problema de interpretación, está muy claro cuál es el derecho que hay que aplicar» y «hay que decir alto y claro que vamos a aprobar en el Parlamento unas universidades privadas con base a una normativa derogada».
Por su parte, desde el PSOE, Antonio Ruiz ha preguntado a Oliva si la aprobación de estas universidades puede representar «el mayor despropósito» hacia el sistema universitario andaluz cometido por parte de un gobierno de la Junta de Andalucía, quien ha respondido que la aprobación «claramente es un error».
