Victoriano Sánchez Arminio, ex presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), se ha acogido a su derecho a no declarar este lunes ante el juez del ‘caso Soule’, donde se le investiga por el presunto desvío de ocho millones de euros durante su mandato al frente de esa institución, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Por otro lado, Ángel María Villar, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y Raúl Massó, ex secretario técnico del CTA y trabajador de la RFEF, sí han declarado ante el juez para desvincularse de la gestión de los fondos investigados.
Villar habría explicado que en la RFEF tenía funciones institucionales pero no ejecutivas en lo que respecta a los árbitros, y que los ocho millones no tenían un carácter finalista, por lo que el CTA podía destinarlos a lo que quisiera. Massó, por su parte, habría declarado ante el juez Alejandro Abascal que tampoco tenía funciones sobre esa partida y que quien la manejaba era Sánchez Arminio.
Estas declaraciones se producen en el marco del ‘caso Soule’, en el que la Audiencia Nacional investiga presuntas irregularidades en la gestión de Villar al frente de la federación. El instructor accedió a citarles como investigados después de que la Sala de lo Penal diera la razón a la Fiscalía Anticorrupción y lo ordenara, en contra de su criterio inicial. Esto se debió a un recurso de la Liga de Fútbol Profesional que cuestionaba la decisión de Abascal de mantener a Sánchez Arminio y Massó como testigos.
La resolución de la Sala argumentaba que procedía tomarles declaración como investigados «sin perjuicio de la futura precisión acerca de la existencia de pruebas, ya que lo conveniente en este momento es verificar si hay indicios de la posible responsabilidad penal y si esos indicios son imputables a las personas cuya declaración solicita la Liga».
El auto, fechado el pasado 13 de marzo, recogía los argumentos de la Liga, que denunciaba la existencia de pagos ajenos a los fines convencionales para los que La Liga aportaba determinados fondos a la RFEF. Indicaba que esos pagos se llevaron a cabo en virtud de un ‘Acuerdo arbitral referente a la aplicación del posible remanente generado como consecuencia de los fondos transmitidos por la Liga a la RFEF’, y que ese acuerdo fue alcanzado y documentado por personas sin atribución ni competencia alguna para ello, a espaldas de La Liga. Se señalaba que Sánchez Arminio y Massó, en su calidad de presidente y secretario del CTA en esa fecha, prestaron su conformidad y ordenaron el pago de facturas con fondos de La Liga para gastos ajenos al fútbol profesional, alterando así el destino de los fondos entregados por la Liga a la RFEF, según la Liga.
