El Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla ha celebrado este martes una nueva sesión del juicio destinado a resolver la reclamación de la Junta de Andalucía contra la multinacional sueca Boliden, en demanda de 89,8 millones de euros por los costes de restauración ambiental afrontados por la Administración autonómica, tras la catástrofe natural de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina de Aznalcóllar, explotada entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
Entre otras comparecencias, este martes ha declarado Robert Gibb, quien como miembro de la consultora económica Ernst & Young se encargó de auditar las cuentas de Boliden-Apirsa entre 1994 y 2002, autor de dos informes emitidos en 2003 y 2005 sobre las «cantidades gastadas» por la entidad como consecuencia del «accidente» de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de dicho recinto minero.
Como consecuencia del siniestro, unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes fueron vertidos en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre más de 4.600 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del parque natural de Doñana, espacio protegido como Patrimonio Mundial.
En este marco, este auditor de cuentas ha constatado que las facturas e informes incluidos en la contabilidad de Boliden-Apirsa reflejan que la entidad afrontó costes por unos «115 millones de euros», por los gastos derivados del siniestro y las pérdidas posteriores, figurando entre estas cuantías 45,8 millones de euros en investigaciones y obras relacionadas con el asunto, en especial 30 millones de euros para el sellado de la balsa; y unos 31,4 millones de euros destinados a las labores de retirada de lodos contaminantes.
Incluso fue necesaria «una ampliación de capital» para afrontar todos estos costes, según ha señalado con relación a las cuentas de la entidad, que ya preveía pérdidas años antes por las inversiones previstas para la ampliación de la corta minera.
Eso sí, el auditor ha reconocido que dichas cuantías incluyen además gastos por viajes de especialistas y técnicos procedentes de países como Suecia y llegados a Aznalcóllar para «ayudar» en los trabajos o incluso cursos de formación en la materia.
Y es que según ha asegurado este auditor de cuentas que trabajaba para Boliden, a la empresa minera le fue asignada en principio la limpieza de unas 2.800 hectáreas de las más de 4.600 hectáreas de suelo afectadas por los vertidos de lodos contaminantes, toda vez que diversos técnicos que trabajaban para la Junta de Andalucía aseguran que la empresa no completó las labores de limpieza a las que se había comprometido.
Robert Gibb ha defendido además que Boliden-Apirsa estaba caracterizada por una gran «transparencia» y por «el cumplimiento de la legislación contable y mercantil», gozando de «autonomía» con relación al grupo de empresas liderado por la multinacional sueca Boliden, de la que tenía no obstante cierta «dependencia técnica».
En un marco en el que la demanda de la Junta se dirige en concreto contra Boliden-Apirsa y las sociedades del mismo grupo Boliden AB y Boliden BV, asegurando la representación de la Administración andaluza que estas tres entidades «no son un grupo societario», sino que conforman «una única titular de la actividad» minera de Aznalcóllar; Robert Gibb ha insistido en la «autonomía» de la entidad, manifestado que este tipo de «estructuras» organizativas empresariales son «habituales» en el sector de la minería en el ámbito internacional.
Del mismo modo, este auditor de cuentas de Boliden-Apirsa ha señalado que la entidad cesó su actividad en diciembre de 2001, asegurando que «en absoluto» incurrió en un abandono como tal del recinto minero siniestrado, sino que acometió un «proceso muy ordenado» de salida del mismo, con el conocimiento de la Junta de Andalucía como entidad que le había adjudicado los derechos de explotación de la corta minera, según ha dicho.
