El Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla ha celebrado este martes una nueva sesión del juicio destinado a resolver la reclamación de la Junta de Andalucía contra la multinacional sueca Boliden, en demanda de 89,8 millones de euros por los costes de restauración ambiental afrontados por la Administración autonómica, tras la catástrofe natural de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina de Aznalcóllar, explotada entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
En concreto, este martes ha declarado un doctor en descontaminación de suelos por minería pirítica, que como miembro de la entonces Empresa de Gestión Medio Ambiental (Egmasa) ostentó la dirección técnica de la Oficina de Restauración creada por la Junta de Andalucía, para coordinar las labores de recuperación medio ambiental ante dicho macro vertido.
Hablamos, en ese sentido, de unos cinco millones de metros cúbicos de lodos contaminantes vertidos en el entorno de la cuenca del río Guadiamar, con efectos sobre más de 4.400 hectáreas que abarcaban incluso zonas en las proximidades del parque natural de Doñana, espacio protegido como Patrimonio Mundial.
Este especialista en descontaminación de suelos, identificado como José Luis S., ha desgranado cómo fue diseñada una «estrategia» de recuperación de la «calidad» del suelo afectado por este macrovertido, detallando que una vez «inmovilizados» los metales pesados y retirados los lodos contaminantes vertidos sobre los terrenos; eran tomadas muestras de los citados suelos para comprobar los niveles de azufre pirítico y, en caso de que los resultados arrojasen parámetros que superasen los «umbrales de riesgo», «se seguían retirando» capas de suelo hasta alcanzar «una limpieza suficiente» de los terrenos.
En ese sentido, ha destacado que los terrenos estaban «altamente contaminados y dañados» y que los niveles de contaminación detectados «superaban los niveles máximos» y suponían «un riesgo» para la vida de la fauna de la zona.
De no haber sido retirados los citados lodos contaminantes, según ha dicho, «habrían ido a los acuíferos y al estuario del Guadalquivir. La contaminación del vertido, según ha enfatizado, constituía «una bomba de relojería» en todos los ámbitos.
En ese sentido, mientras según el letrado de Boliden-Apirsa, la demanda de la Junta incluye cantidades «no imputables» a la empresa, en alusión a gastos por labores adicionales de «mejora» para la creación del Corredor Verde del Guadiamar, unos trabajos «innecesarios» a juicio de la entidad, este técnico ha defendido que todas las actuaciones estuvieron relacionadas con el «impacto» del macro vertido, incluyendo el Corredor Verde del Guadiamar dada la «muy necesaria revegetación» de la zona afectada. «Todos los proyectos estaban vinculados con la retirada de los lodos y la revegetación», ha asegurado.
Y ante la tesis de la representación de la empresa de que la demanda de la Junta incluiría cuantías «controvertidas» por dudas respecto a su abono efectivo por parte de la Junta o el destino final al cual fueron aplicadas; este director técnico ha asegurado que los proyectos medioambientales desplegados fueron «pagados, liquidados y certificados».
Además, ha asegurado que si bien Boliden «se comprometió» a asumir las labores de retirada de lodos y recuperación en «un tramo» del cauce del río Guadiamar, la empresa dejó «inconclusa» esa labor y no la «remató al cien por ciento» pese a que así se lo habrían «exigido» las autoridades.
También ha comparecido Antonio Carbajal, el que fuera responsable de una empresa de consultoría medioambiental contratada por la Junta de Andalucía para elaborar informes de «seguimiento» del «impacto» del siniestro y así «acotar» el mismo, quien ha rememorado que fruto del alcance mediático del asunto en Europa, con titulares de prensa como «el sur de España contaminado» o «Andalucía manchada», hubo cancelaciones de reservas turísticas incluso en Almería.
Este consultor medioambiental ha precisado que la labor de su entidad se limitó entrevistas, consultas y análisis de documentación, asegurando que salvo los pozos de agua «invadidos por los vertidos», las aguas subterráneas no resultaron afectadas y las superficiales, una vez comenzadas las labores de recuperación, «enseguida volvieron a parámetros normales» y presentaban «el PH propio del agua potable».
Es más, ha señalado estudios según los cuales en la zona afectada por el vertido, la calidad del aire era «mejor que en la ciudad de Sevilla» en lo que se refiere a la concentración de partículas de metales pesados; señalando el caso de cangrejos en los que fue detectada la presencia de metales pesados «por encima de lo normal», aunque sin relación con el vertido, extremo que ha conectado con los «muchos años» de actividad minera en Sierra Morena y Río Tinto y los «residuos» que tal extremo haya dejado.
En cuanto al consumo de alimentos, ha asegurado que una vez «encapsulada la zona» afectada por el vertido, caracterizada por los cultivos agrícolas, no hubo «riesgos» para la salud pública.
De igual manera, este consultor de medio ambiente ha expuesto que el proyecto del Corredor Verde del Guadiamar partía de la premisa de crear una galería natural y fines también «turísticos» en suelos que tenían uso agrícola y que habían sido afectados por el vertido.
