Un trabajador en paro y sin prestaciones se ha instalado este lunes ante la Audiencia de Sevilla y ha anunciado que se declara en «huelga de hambre», en demanda de que el Juzgado de lo Social número nueve adelante el juicio que tiene fijado para el 5 de febrero de 2026, para resolver la reclamación judicial por la cual solicita que se le reconozca la incapacidad permanente total por «graves dolencias crónicas y degenerativas de carácter lumbar»; pues su situación le impide trabajar, ha agotado la prestación por desempleo y sus ahorros y ya no puede afrontar su propia «manutención», en espera de la celebración de dicho juicio.
Este trabajador llamado Julio César Hierro ha explicado que como consecuencia de las «graves dolencias crónicas y degenerativas de carácter lumbar» que esgrime en sus acciones judiciales, estuvo en periodos de incapacidad temporal, siendo finalmente despedido por la empresa para la que trabajaba, a la cual ha reconocido las condiciones del despido, valorando los términos del mismo.
En ese sentido, ha explicado que su reclamación judicial se dirige contra una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social emitida el 30 de noviembre de 2021, acordando su alta, solicitando en dicha reclamación que se le reconozca la incapacidad permanente total a cuenta de los citados padecimientos crónicos y degenerativos, para así acceder a la correspondiente prestación.
Pero según ha detallado, el Juzgado de lo Social número nueve de Sevilla, encargado de resolver su reclamación, ha fijado el juicio sobre la misma para el 5 de febrero de 2026 y el plazo planteado por dicha instancia para la vista ha puesto en jaque su situación socioeconómica.
Según ha relatado, a la espera de la celebración de dicho juicio, ya ha agotado la prestación por desempleo que le correspondía y además los «ahorros» que había acumulado, tras lo cual según ha dicho teme que el día 27 de este mes le sea interrumpido el suministro de electricidad en su vivienda y que «el mes que viene» suceda lo mismo con el abastecimiento de agua, a lo que se suma que su situación sanitaria le obliga a gastar «200 euros al mes» en medicamentos.
«Son gastos que antes podía sobrellevar y ahora ya no», ha enfatizado, exponiendo que aún restan más de tres años y medio para la fecha de celebración del juicio por su reclamación y ya no puede sufragar su propia «manutención», pues ha consumido las prestaciones que le correspondían tras «casi 30 años cotizando», también sus ahorros y no puede trabajar a cuenta de su estado. «No puedo sobrevivir», ha aseverado respecto al periodo restante hasta la fecha de celebración del juicio.
Por eso, este varón ha anunciado que se declara «en huelga de hambre» en demanda de que el Juzgado de lo Social número nueve adelante la fecha del juicio correspondiente a su reclamación judicial.
Del mismo modo, su abogado ha registrado un escrito en el juzgado, exponiendo que «tras un año y medio durante el cual el demandante ha consumido ya todos sus recursos económicos, prestaciones y ayudas sociales, con las graves dolencias que padece, que no le permiten trabajar ni encontrar empleo, unido a la edad del trabajador, y a que tiene a cargo de una mujer y un hijo; todo ello le ha colocado en una situación de desesperación económica y social que ha forzado a solicitar el presente adelantamiento, dado que el demandante, con cargas familiares y sin posibilidad de prestar servicios, no tiene la posibilidad real de esperar hasta el 5 de febrero de 2026».
Según dicho escrito, «es totalmente inadmisible, contrario a derecho y totalmente impropio de un estado de derecho que se precie, que un sistema de justicia no sepa o pueda satisfacer el derecho de un trabajador a la celebración una vista oral en un plazo inferior a cinco años en la que únicamente se reclama una prestación contributiva a la que entiende tiene derecho y que supondría el único ingreso posible para sustentar económicamente a su familia».
