Un total de 18 vecinos del Polígono Sur de Sevilla ha formalizado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra la empresa de suministro energético Endesa, para que la misma analice si media «algún ilícito penal» en las persistentes interrupciones en el abastecimiento energético en dicha zona desfavorecida de la ciudad hispalense. En un contexto en el que Endesa conecta estas incidencias con las acometidas ilegales a la red eléctrica para cultivos de marihuana dentro de viviendas, estos vecinos esgrimen que gozan de contrato de suministro, están «al corriente» de los pagos y por tanto no deben pagar la «culpa» de tales situaciones.
A las puertas de la Audiencia de Sevilla, sede de la Fiscalía Provincial, han comparecido Rosario García, portavoz de la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que aglutina a diversos colectivos del Polígono Sur, el barrio con menor renta neta media anual por persona de toda España según las estadísticas; y el abogado Cristóbal Ráez.
Sobre la mesa, una vez más, las continúas interrupciones en el suministro eléctrico en este barrio de Sevilla marcado por las situaciones de exclusión social y la delincuencia, toda vez que estos fallos en el suministro eléctrico suceden además en otras barriadas desfavorecidas como Su Eminencia o Torreblanca.
Ello, en un contexto en el que la Junta de Andalucía aseguraba meses atrás que según la información proporcionada por Endesa, «al menos el 85 por ciento de los cortes (de energía en estos barrios) tiene que ver con enganches», es decir con acometidas ilegales a la red eléctrica para alimentar las plantaciones de marihuana dentro de viviendas, que por su alto consumo de energía saturan las infraestructuras de electricidad motivando incendios en los centros de transformación y las mencionadas interrupciones en el abastecimiento.
No obstante, los colectivos vecinales atribuyen a Endesa una supuesta falta de inversión y mantenimiento en las infraestructuras energéticas de estas zonas, llamando a diferenciar entre «los sinvergüenzas» que instalan las acometidas ilegales para alimentar plantaciones interiores de marihuana y quienes sí abonan sus correspondientes facturas de electricidad o quienes sufren una situación de agudizada falta de recursos como para pagarlas.
