El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Andalucía, Toni Valero, ha criticado este martes que Junta de Andalucía y ayuntamientos «sigan sin mover un dedo» respecto a los asentamientos de trabajadores temporeros, especialmente en Huelva y en Almería, y ha anunciado que su formación va a volver a exigir en el Parlamento Europeo que la UE actúe para garantizar los derechos humanos «que se están vulnerando» en estos emplazamientos.
En una rueda de prensa celebrada en Málaga, Valero ha dicho que van a comparecer en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo con este objetivo. «Estos se hace después de más de dos años de trabajo cuando se inició esta petición junto con organizaciones como la Asociación Multicultural Mazagón y Almería Acoge», ha dicho.
Valero ha señalado que a pesar del trabajo de las organizaciones sociales, las administraciones «no están a la altura ni están materializando políticas efectivas» a los problemas de este tipo de asentamientos de temporeros. Al respecto solo ha destacado la labor de la Secretaría de Estado para la Agencia 2030 con un plan que comprometía a la Junta y a los ayuntamientos.
«Al final este plan está siendo retrasado y está quedando en papel mojado en tanto que no hay una implicación real de la administración autonómica y de los ayuntamientos que tienen que ponerlo en marcha una vez que están garantizados los fondos públicos para ello», ha criticado.
El líder de izquierdas también ha dicho «que se sigue incumpliendo la ley» respecto al hecho de que estos trabajadores inmigrantes temporeros no se pueden empadronar. «No les permiten empadronarse con lo que eso supone en la vulneración de derechos», ha asegurado.
Valero ha dicho que pedirán la implicación de la Unión Europea y que, en este sentido, recordarán el informe del relator de las Naciones Unidas de 2020. «Nos parece lamentable que ante esta situación que se da está dando en Andalucía de manera ya prolongada, tanto la Junta como los ayuntamientos implicados sigan sin mover un dedo».
Por último, ha expresado la confianza de que la comparecencia en la comisión de peticiones europea suponga «un punto de inflexión» para que se pongan en el centro los derechos humanos y «se deje de ejecutar lo que podemos llamar un racismo institucional, y se garanticen los suministros básicos, los derechos básicos a estos trabajadores temporeros, se garantice su empadronamiento y se eviten situaciones como la de los incendios que se han estado produciendo y que han costado vidas humanas».
